Madrid, 13 dic (.).- El Tribunal Supremo ha ratificado la condena por estafa de un año y nueve meses de prisión para un empresario que dejó de abonar a la operadora de telefonía Orange (EPA:ORAN) 88,3 millones de euros.
En una sentencia fechada el pasado 16 de noviembre a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo Penal rechaza el recurso de casación formulado contra un fallo de noviembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
En primera instancia, la Audiencia Provincial de Málaga le condenó a dos años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, aunque posteriormente el TSJ le redujo la pena de cárcel a un año y nueve meses al desestimar la falsedad documental.
No obstante, mantuvo la multa impuesta por la Audiencia Provincial, diez euros diarios durante nueve meses -2.700 euros- con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de cuatro meses y quince días de privación de libertad.
Asimismo, le impuso el abono, en concepto de responsabilidad civil, de 40.000 euros más los intereses a Orange, todo lo cual ha sido ratificado ahora por el Tribunal Supremo.
Según los hechos probados, Orange firmó con la empresa de seguridad Terraval un contrato de prestación de servicios de telefonía móvil, en virtud del cual la empresa recibiría un servicio de tarifa plana e ilimitada, sobre una contratación inicial de 300 líneas.
Dado el volumen de contrataciones y ampliaciones solicitadas por Terraval, Orange le exigió al acusado, como condición para la contratación de hasta 800 líneas, que le entregara un aval bancario por importe de 40.000 euros, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del servicio.
El acusado, "guiado por el ánimo de lucro y ocultando su situación de insolvencia", entregó un documento que simulaba un aval del Banco Santander (BME:SAN) por importe de 40.000 euros.
Terraval dejó de abonar a Orange las facturas de las líneas contratadas por importe de 88.368.099 euros, y ante el impago, la operadora presentó el mencionado aval ante el Banco Santander descubriendo entonces que no constaba como cliente.
La dirección social de Terraval estaba concentrada en el acusado, "que dirigía toda la actividad de la empresa y era el único responsable de la misma, al ser socio y administrador único".