Bruselas, 16 jul (.).- España, Bélgica, Rumanía y Eslovenia han suscrito una declaración en la que piden aprovechar el próximo mandato de las instituciones de la Unión Europea (UE) para reducir las desigualdades y mejorar las condiciones laborales y de vida de los habitantes del club comunitario.
Los cuatro países aprovecharon la reunión de ministros de Empleo de los Veintisiete que se celebra este lunes en Bruselas para presentar el documento.
"El próximo mandato europeo debe ser un nuevo periodo de fuerte progreso social en el proyecto europeo, construyendo sobre los logros del mandato actual. Los próximos cinco años son una oportunidad para reducir desigualdades, combatir el cambio climático y mejorar más las condiciones de vida y laborales para todos los europeos", señala el documento.
Añade que las políticas sociales son "cruciales para una UE resiliente", y subraya que para lograr una Europa "más competitiva" es necesario "profundizar en los derechos laborales y sociales, construyendo una economía y sociedad más inclusivas".
"El progreso hacia un mercado único más fuerte y una Europa más competitiva en un contexto geopolítico complejo debe más que nunca poner los derechos sociales y laborales en el centro. La Europa social debe estar en el centro del proyecto europeo", refleja.
El texto incluye una serie de propuestas específicas para la nueva legislatura, como adoptar "rápidamente una directiva sobre teletrabajo y el derecho a desconectar para alinear la regulación de la UE con las demandas de preservar los derechos de los trabajadores en la era digital".
Asimismo, plantea adoptar una iniciativa de la UE que establezca los derechos de los trabajadores en relación con el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en el trabajo, "de modo que estén sujetos al control humano y que la transición digital sea justa y esté al servicio de los trabajadores, respetando sus derechos individuales y colectivos".
También se refiere al fondo europeo contra el desempleo creado durante la pandemia del coronavirus, conocido como SURE.
El texto afirma que la experiencia "positiva" adquirida con SURE "podría ser un ejemplo para una nueva iniciativa durante la nueva legislatura, por ejemplo, para garantizar que las transiciones gemelas (digital y verde) sean justas e inclusivas y también para preservar el empleo ante las crisis económicas".
Igualmente, se aboga por garantizar la plena trasposición de la directiva sobre salario mínimo a la legislación nacional de los Estados miembros.
Los cuatro países consideran que el Pilar Europeo de Derechos Sociales "debe seguir sirviendo como nuestra brújula durante este nuevo mandato".
El Pilar Europeo de Derechos Sociales es una compilación de veinte principios sobre igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y protección social, pero sin desarrollo concreto, que se adoptó en la cumbre social de Gotemburgo (Suecia) en 2017.
Desde entonces, se ha ido desarrollando con propuestas legislativas concretas.
De acuerdo con España, Rumanía, Bélgica y Eslovenia, el pilar "debería ser fortalecido para convertirse en la base del marco de gobernanza económica y social".
"Un plan de acción ambicioso y renovado a partir de 2025 debería ser la base para derechos de los trabajadores más sólidos, con iniciativas sobre derechos que todavía se tiene que desarrollar o que solo han sido desarrollados de manera parcial", expresa la declaración.
A su llegada a la reunión que hoy se celebra en Bruselas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que "no existan retrocesos y que tengamos una Europa que sea más social, que siga trabajando de la mano del diálogo social y que proyecte un futuro de derechos humanos".