Confuso embargo en EEUU alimenta culebrón en torno al Banco Central argentino

Natalia Kidd

Buenos Aires, 14 ene (EFE).- Las versiones contrapuestas sobre el embargo que un juez de Estados Unidos dictó sobre fondos del Banco Central argentino alimentaron hoy el culebrón sin fin desatado hace una semana entre el Gobierno argentino y la autoridad monetaria por el uso de reservas para el pago de deudas.

En lo que parecía ser una victoria para el Gobierno de Cristina Fernández frente a los denominados fondos "buitres" que litigan contra Argentina para cobrarse sus deudas, el secretario de Finanzas argentino, Hernán Lorenzino, anunció hoy que el juez de Nueva York Thomas Griesa suspendió temporalmente el embargo dispuesto el martes.

Sin embargo, horas después portavoces del Banco Central aseguraron a Efe que la cuenta de la entidad en Nueva York con 1,7 millones de dólares continuaba hoy inmovilizada, pues el embargo solicitado por los fondos de inversión Elliot y Dart seguía en pie.

Mientras, desde el juzgado de Griesa en Nueva York, el único que podría echar luz sobre la verdad, no se mostraron dispuestos a aclarar el entuerto.

Fuentes del tribunal neoyorquino admitieron a Efe que el juez introdujo cambios en la orden de congelación de activos del Banco Central de Argentina, aunque aún no han sido hechos públicos por la corte, y rechazaron ofrecer más detalles sobre este espinoso tema.

Según la versión de Lorenzino, rajo su medida por unos días hasta que las partes lleguen a un acuerdo".

Pero según portavoces del Banco Central consultados por Efe, la causa abierta en Estados Unidos "no registró ninguna novedad" hoy, "la cuenta sigue congelada, por lo cual el embargo sigue vigente".

No obstante, desde la entidad se mostraron "optimistas" en cuanto a la resolución del tema.

"Una vez pasado el plazo de 48 horas que dispuso este miércoles el juez para que las partes acerquen más pruebas y argumentos, entendemos que el embargo va a ser anulado", señalaron.

Elliot y Dart han optado por la vía judicial para intentar cobrar el 100 por ciento de sus tenencias en bonos argentinos que entraron en mora en 2001, en medio de una severa crisis económica.

Argentina reestructuró la mayor parte de esas deudas en 2005, pero acreedores con bonos por 20.000 millones de dólares quedaron por propia voluntad fuera de aquella operación, entre ellos varios acreedores institucionales que acudieron al juzgado de Griesa, calificado como "embargador serial" por el Gobierno argentino.

A estos inversores que quedaron fueron del canje de 2005 está destinada una nueva propuesta de reestructuración que Buenos Aires insiste lanzará en breve, pese a la turbulencia financiera que se generó la semana pasada por las desavenencias entre el Gobierno y el Banco Central.

"El canje está previsto y se hará de tal manera que no sea afectado por ninguna medida impulsada por los fondos buitres", aseguró Lorenzino.

Tras el anuncio sobre la eventual suspensión del embargo, los títulos públicos argentinos recuperaron parte del terreno perdido en los últimos días.

El precio del dólar, en tanto, se mantuvo estable, en una muestra de que la política de intervención del Banco Central en el mercado de cambios no ha variado.

Sin embargo, puertas adentro del instituto emisor el clima es caliente: hoy hubo una nueva reunión entre el presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el directorio de la entidad, que mayoritariamente responde al Gobierno argentino.

Por mayoría, el directorio resolvió que Redrado tendrá que notificarle cada vez que viaje al exterior en representación de la entidad.

Portavoces del Banco Central aclararon a Efe que esa disposición también alcanza a los miembros del directorio y subrayaron que "Redrado tiene plena representación del Banco porque es su presidente".

El Gobierno había logrado ya recortar el poder de Redrado en el control de la mesa de dinero de la entidad e insiste por todos los medios que deje de ser un "okupa" del banco.

En la reunión no se abordó el espinoso asunto del Fondo del Bicentenario, cuya creación dispuso por decreto en diciembre pasado la presidenta Fernández.

La polémica estalló la semana pasada cuando Redrado se negó a habilitar el uso de 6.569 millones de dólares de las reservas monetarias para crear ese fondo, con el que se busca cancelar deudas de Argentina en 2010, y Fernández decidió cesarle por decreto.

Ambos decretos presidenciales desataron una fuerte puja entre el oficialismo y la oposición en los pasillos de los Tribunales y del Parlamento, especialmente después de que la jueza María José Sarmiento los suspendiera el pasado viernes.

En el terreno judicial, el Gobierno denunció hoy penalmente por "estafa procesal" a la jueza Sarmiento por hacer lugar a las presentaciones en contra de los decretos presidenciales hechas por el jefe del bloque de la conservadora Propuesta Republicana en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, a quien también denunció bajo el mismo cargo. EFE