Madrid, 25 abr (.).- Diversos catedráticos de Derecho y Economía han advertido este lunes en el Congreso de los Diputados de que el proyecto de ley por el derecho a la vivienda que está en tramitación parlamentaria presenta riesgos de inconstitucionalidad y no es un instrumento adecuado para el fin que persigue.
Por su parte, el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Pablo Martínez, se ha congratulado de que los legisladores "hayan entendido que se puede y se debe regular el mercado del alquiler", si bien ha reclamado una ley "más garantista y más fuerte en la protección de las personas que sufren el drama de la vivienda".
Además se ha mostrado convencido de que, tal como está planteada en la ley, la regulación de los alquileres no va a ser efectiva, entre otros motivos por dejar en manos de las comunidades y no de los ayuntamientos la declaración de zonas tensionadas y por los requisitos que exige para esta declaración.
En su comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, el catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, Sergio Nasarre, ha dicho que no cree que esta ley pueda conseguir que la vivienda sea más asequible en España ni que pueda dar una coherencia política "multinivel" ni ofrecer un marco legal que perdure en el tiempo.
Nasarre, doctor europeo en Derecho y Máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), ha advertido de la posible inconstitucionalidad de esta ley tanto por la invasión de competencias autonómicas como por lo que afecta al "núcleo duro de la propiedad privada".
A su juicio, con esta ley la vivienda dejará de ser un objeto de propiedad privada para pasar a ser una "propiedad monitorizada por el Estado, al estilo del suelo, de las minas, los bosques o el agua".
"No sé si las familias están preparadas para que de un día para otro dejen de ser propietarios de sus casas y pasen a una especie de tutela del Estado", ha planteado.
Nasarre, que ha sido consultor en la Comisión Europea, la FAO y Amnistía Internacional y asesor del Ministerio alemán del Interior, la Construcción y la Comunidad para la implementación de políticas de vivienda en Europa en su Presidencia europea en 2020, ha explicado que esto tendrá consecuencias civiles, como no poder poner una consulta médica en un piso o que un hermano pueda impugnar la herencia de una vivienda a otro que no la necesite para vivir.
También ha señalado que los recargos del IBI a las viviendas vacías y los controles de renta "duros" se han demostrado "ineficaces" porque reducen la oferta y la movilidad residencial y aumentan los costes ocultos y el mercado negro.
Este experto ha criticado además la definición de los conceptos de vivienda, infravivienda, vivienda asequible y sinhogarismo que recoge el texto y ha lamentado que este no vaya en la línea del documento España 2050, el proyecto estratégico del Gobierno para los próximos 30 años en el que él participó, sino que "va hacia atrás".
Otro de los comparecientes, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona Juan Manuel Trayter, ha coincidido en la posible inconstitucionalidad del proyecto y ha pronosticado que, si el Tribunal Constitucional sigue su doctrina, acabará "anulando esa ley dentro de cuatro años cuando nadie nos acordemos del tema".
Por su parte, el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arruñada, ha considerado "loables" los objetivos del texto, pero ha incidido en que los medios que pone son "inadecuados" e "incoherentes".
Este experto ha recalcado los efectos de la ley en los futuros contratos de alquiler en el sentido de que, aunque esta protege a las personas vulnerables ahora, a su juicio, "ninguna persona potencialmente vulnerable va a conseguir firmar un contrato de alquiler" en el futuro.
Arruñada ha propuesto que en vez de gravar la vivienda vacía se grave más la tenencia, es decir, subir el IBI y bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la misma medida.
Asimismo ha pedido que se explore la posibilidad de "separar financiación de provisión" y que el Estado ayude a los más necesitados, pero no a través de una empresa publica de alquiler necesariamente, al tiempo que ha apostado por las grandes empresas de alquiler profesionalizado.