Buenos Aires, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina sumó este miércoles el apoyo de los Ejecutivos provinciales para controlar el cumplimiento de la congelación de los precios de alimentos, una medida que busca poner freno a la inflación pero que genera controversia en el sector empresarial.
Una veintena de gobernadores firmó este miércoles un acuerdo con el Ejecutivo de Alberto Fernández por el que se compromete a fiscalizar y, eventualmente, sancionar incumplimientos a la resolución adoptada el pasado 19 de octubre la Secretaría de Comercio Interior de Argentina.
Esa resolución obliga a retrotraer al 1 de octubre pasado y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.500 productos de consumo masivo, principalmente alimentos, pero también productos de higiene personal y de limpieza.
"Es momento de acompañar las medidas adoptadas por el Gobierno nacional", indica el texto del acuerdo rubricado este miércoles, en el que se afirma que los aumentos de precios "castigan con dureza" los ingresos de los argentinos, "poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico".
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual de precios del 53,4 % y un alza acumulada en lo que va del año del 36,6 %.
Según el Gobierno, en la primera quincena de octubre se registró una aceleración de precios en alimentos y productos de limpieza e higiene personal, con subidas de entre el 8 % y el 25 %.
"Esto es simplemente frenar la aceleración inflacionaria para ordenar los precios y buscar que la expansión del consumo no sea lesionada por la aceleración de precios", dijo este miércoles en rueda de prensa el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien destacó que, gracias a la medida, se constató una desaceleración de la inflación en la tercera semana de octubre.
CESTA REGULADA
La medida gubernamental alcanza a los productores, los comercializadores y los distribuidores de los productos incluidos en la resolución.
Feletti dijo que el nivel de cumplimiento de la norma en las grandes cadenas de supermercados, al menos, en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, y en la capital ha sido prácticamente del 100 %, a excepción de dos cadenas.
"A futuro hay que construir una canasta alimentaria amplia regulada, de acceso masivo, porque Argentina es un país productor de alimentos y el consumo de alimentos no puede estar sujeto a estas tensiones", sostuvo Feletti.
CRÍTICAS EMPRESARIALES
La congelación de precios ha sido cuestionada por varias entidades empresariales, entre ellas la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Los empresarios cuestionan los efectos negativos que podría tener la medida, como un potencial desabastecimiento de ciertos productos ante la falta de rentabilidad por los altos costes de elaboración, y mayores alzas de precios una vez que caduque la congelación.
Además, advierten que así se limitan las nuevas inversiones y se crea un "ambiente regulatorio hostil" y piden medidas de política macroeconómica de fondo para resolver el problema de la inflación en Argentina.
"Estamos absolutamente en contra del control de precios. (...) Esta medida es una medida anti-empresa", dijo este miércoles el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, en declaraciones a radio Rivadavia.