Madrid, 4 ago (.).- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha pedido explicaciones a Cristóbal Montoro sobre las cartas del Ministerio de Hacienda a numerosos ayuntamientos, en las que pide el cierre de empresas de titularidad municipal que están en situación de desequilibrio financiero, según la ley de la reforma local.
En un comunicado de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), califica esas misivas de "temerarias" e "imprudentes" y pide a Montoro que dé explicaciones inmediatas sobre lo que pretende, por tratarse de sociedades que prestan servicios públicos como depuración de agua, tratamiento de residuos o transporte urbano.
Ha manifestado que muchos alcaldes están muy preocupados porque "ven venir el cierre de servicios públicos fundamentales" y, por ello, desde la FEMP le piden también por escrito explicaciones sobre las medidas que quiere aplicar en estos municipios a los que les ha llegado el requerimiento de Hacienda.
Tras preguntarse que si se cierran esas empresas, quién prestará los servicios, Caballero ha exigido al ministro que reflexione y empiece a considerar una moratoria de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local (LRSAL), recurrida en el Tribunal Constitucional y pendiente de resolución.
A su juicio, la exigencia del Ministerio es injusta por cuanto la local es la Administración que mejor cumple con todas las exigencias financieras de Europa.
"Por no decir -ha finalizado- la única que supera todos los objetivos", pues no solamente no tienen déficit, sino un superávit de 5.000 millones.
La federación de servicios a la ciudadanía de CCOO también ha denunciado el envío de esas cartas y entiende que el cierre de esas empresas es "un paso más en el recorte y privatización de los servicios públicos" por parte del Gobierno en funciones.
En su opinión, la prestación de servicios públicos esenciales a la ciudadanía debiera estar garantizada con independencia de residir en grandes ciudades o en pequeños pueblos.
Dice que los servicios afectados son tan variados como las escuelas de 0 a 3 años, empresas municipales de transporte o de promoción de la cultura.
CCOO entiende que los servicios públicos no deben de valorarse bajo parámetros exclusivos de rentabilidad económica, pues cumplen una función social que, "una vez más, con este acto, el Gobierno en funciones parece obviar".
Desde el sindicato reclaman que se haga un estudio de viabilidad de los servicios desde el punto de vista social como servicio público y no solo económico y que se mantengan los niveles de empleo y las condiciones laborales en estos servicios, así como definir un periodo transitorio para ajustar y corregir posibles desviaciones económicas.
El Ministerio aseguró ayer que las cartas remitidas desde hace unos días a ayuntamientos que han notificado pérdidas durante dos años seguidos de empresas públicas solo responden a un procedimiento de información, no de supresión de las mismas, por lo que el servicio que ofrecen "está garantizado".