Luxemburgo, 20 jun (.).- Los ministros de Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves la posición de los Estados miembros para negociar más adelante con la Eurocámara una directiva que busca hacer más eficaz la representación de los trabajadores en grandes empresas multinacionales.
En concreto, lograron un pacto en la reunión que celebran hoy en Luxemburgo sobre la directiva de los comités de empresa europeos (CEE), según indicó en un comunicado el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros.
Detalló que los comitéS de empresa europeos representan a los trabajadores europeos en grandes compañías multinacionales con más de 1.000 empleados que operan en al menos dos países del club comunitario o del Espacio Económico Europeo y que son "el principal instrumento para informar y consultar a los empleados sobre decisiones previstas relacionadas con cuestiones transnacionales".
De acuerdo con el Consejo, la nueva directiva pretende hacer "más clara, más efectiva y más fácil de aplicar" la ley sobre los comités de empresa europeos, también con una definición "más clara" sobre asuntos transnacionales, "reglas más sólidas para establecer los comités y requisitos más claros y rigurosos en casos en que una empresa se niega a proporcionar acceso a información o insiste en que la información se trate de manera confidencial".
"Los comités de empresa europeos también tendrán garantizado el acceso efectivo a procedimientos judiciales para hacer valer sus derechos", señaló la institución comunitaria.
Otros cambios propuestos incluyen aclaraciones sobre los costes que la empresa asumirá para los comités, un mayor equilibrio de género entre los representantes de los comités y el requisito de que las compañías consulten a los CEE de manera oportuna para que el procedimiento de información y consulta del comité sea más efectivo, también proporcionando al CEE una respuesta por escrito antes de que se tome una decisión.
Una vez que la Eurocámara, colegislador de la UE junto a los países, fije su posición sobre este expediente, el Consejo y el Parlamento podrán empezar a negociar la versión definitiva del texto legal.
Por otro lado, los ministros mantuvieron un debate sobre el proyecto de directiva sobre igualdad de trato, que aspira a prohibir la discriminación por motivos de religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos de la protección social, incluida la seguridad social y la sanidad, las prestaciones sociales, así como la educación y el acceso a bienes y servicios, como la vivienda.
Durante la reunión, el ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmó que esa directiva es "imprescindible" porque "colma una laguna en el derecho antidiscriminatorio de la Unión".
"Hoy está prohibido discriminar a alguien por su origen racial para acceder a un lugar de ocio, pero no por su orientación sexual. Esta laguna resulta en una jerarquía artificial entre los motivos y los ámbitos en los que se sufre discriminación y, por tanto, supone un peligro de desprotección", comentó, y agregó que aprobar la directiva es "un paso urgente" en un contexto en el que "proliferan los discursos del odio".
Para aprobar esta directiva se necesita la unanimidad de todos los Estados miembros, que aún no se ha logrado.
En el encuentro de este jueves, los ministros, además, adoptaron conclusiones sobre la adecuación de las pensiones, tras la publicación del informe de 2024 sobre esa materia elaborado por la Comisión y el comité de protección social.
El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que el informe subraya que los sistemas de pensiones europeos "han protegido el nivel de vida de los jubilados frente a los desafíos mundiales".
"Sin embargo, se espera que las pensiones disminuyan, lo que requerirá políticas fortalecidas para promover carreras más largas, políticas de envejecimiento con buena salud, mercados laborales inclusivos y una mayor flexibilidad en las vías de jubilación", señaló Bruselas.