Madrid, 12 may (.).- El perito de PwC Sergio Aranda ha descartado que el ex director general de Sa Nostra Pere Batle y su número dos Pablo Dols, a los que se atribuyen delitos de apropiación indebida y administración desleal, se enriquecieran durante su paso por la entidad.
Aranda ha declarado este miércoles ante la sección tercera de la sala de lo penal en la Audiencia Nacional, dentro de la prueba pericial que se ha desarrollado esta semana en el juicio por la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico que oscila entre 48 y 50 millones de euros.
Dichas operaciones fueron detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.
El perito, que ha comperecido a petición de las defensas, ha asegurado, respecto al posible enriquecimiento de los dos directivos, que "no se ha detectado esa circunstancia".
MÁS TESTIGOS
Antes que los peritos han declarado hoy varios testigos, antiguos miembros del consejo de la caja, todos los cuales han explicado que aprobaban las operaciones tal cual les eran presentadas, incluidas las que afectaban al Grupo Martín Gual, a las que nadie puso objeciones.
Francisco Javier Crespí Simón, electricista que fue vocal del consejo de la comisión ejecutiva de Sa Nostra y del consejo de Invernostra, acudía en representación de los impositores, y ha asegurado que no poseía conocimientos económicos o financieros.
Lo habitual, ha dicho, era que se aprobaba todo lo que se presentaba, y aunque la documentación estaba a su disposición, "no comprobábamos si cumplían la normativa, tratábamos los puntos del día que estaban filtrados por la dirección ejecutiva y suponíamos que estaba todo correcto".
Joan Sampol Martí, dueño de una pequeña empresa de hierros y almacenaje, ha relatado que en cada reunión se aprobaban una docena de operaciones, si bien "no solíamos mirar la documentación porque nos lo explicaban en el consejo de administración, lo explicaba el secretario, el presidente o ejecutivos de la caja".
Tampoco Miquel María Deya, profesor de Física y Química, recuerda que se objetara nada a las operaciones que debía aprobar el consejo, sobre las que no recuerda si pasaban o no filtros antes de llegar a su consideración; lo que sí ha recordado Deyá es que en aquel entonces, lo que se hablaba que tenía más riesgo "no era el Grupo Martín Gual, sino el gobierno balear".
Margalida Estarelles, que estaba en el comité de empresa como representante del personal, y dentro de la empresa, en un departamento administrativo, ha asegurado que no se les proporcionaba documentación sino que, en una sala aneja, ésta estaba a su disposición por si querían revisarla.
"No se revisaba, se decidía en función de cómo te lo explicaban, y luego se votaba, era frecuente que se aprobaran por mayoría", ha indicado.