Madrid, 23 dic (.).- La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha revocado el sobreseimiento provisional acordado en junio por la titular del juzgado central de Instrucción nº 3, María Tardón, de la causa contra Alcoa (NYSE:AA) y sus representantes, al entender que fue "prematuro".
En un auto fechado ayer al que ha tenido acceso EFE, la sala entiende que, respecto de Alcoa Inespal y sus representantes Kai Rune Heggland, Álvaro Dorado Baselga, Ignacio León Moro y Christine Keener, restan aún diligencias por practicar, como sostenía el Ministerio Fiscal.
El sobreseimiento provisional parcial se produjo poco después de la firma del acuerdo transaccional global entre la dirección de Alcoa y sus trabajadores, que suponía la retirada de la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) por un supuesto delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida.
No obstante, se mantuvo la querella abierta contra Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica SL, el fondo suizo Parter y Grupo Industrial Riesgo.
El pasado 11 de mayo todas las partes firmaron el acuerdo transaccional global, que incluía entre otras condiciones el reconocimiento de 60 días por año trabajado, y que conllevaba la retirada de la querella contra Alcoa.
Ese mismo día, los abogados de CCP presentaron ante la juez Tardón el escrito de desistimiento, aunque solo en lo referente a Alcoa y sus directivos.
En mayo de 2019, en el marco de las negociaciones para la venta de las plantas de Avilés y A Coruña, Alcoa presentó un informe que indicaba que tanto el fondo de inversión Parter como el Grupo Industria Riesgo se encontraban en fase de auditoría o "due diligence".
Uno de los querellados, Víctor Rubén Domenech, se postuló como Grupo Industria Riesgo, denominación supuestamente sin personalidad jurídica hasta que se constituyó una sociedad con un capital social de 3.000 euros.
No obstante, Alcoa rechazó a Domenech y optó por el fondo suizo Parter, tras lo cual las compañías cambiaron su denominación social a Alu Ibérica; sobre esta operación, los querellantes afirman que se planeó el pase de las plantas de Alcoa a Parter "para finalmente trasladar su titularidad al inexistente Grupo Industrial Riesgo" de Domenech.
A tenor de la querella, los investigados "nunca tuvieron intención de aplicar el plan industrial comprometido ante los trabajadores, condenando a las empresas a su desaparición".
Es más, recalca, "el plan era una mera pantalla a fin de aparentar la bondad del negocio y la continuidad del empleo, impidiendo la adquisición de las plantas por otras empresas solventes presentadas por el Ministerio de Industria en el primer semestre de 2019 pero competidoras de Alcoa".
En junio de 2021, la Audiencia Nacional condenó a la multinacional estadounidense Alcoa a cumplir con las condiciones en materia de extinción de contratos y recolocaciones de los trabajadores de las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña que pactó con los sindicatos a raíz de la venta de estas instalaciones.
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