La Paz, 10 jun (.).- Varios sectores de Bolivia anunciaron este lunes el fortalecimiento de sus medidas de presión, con bloqueos indefinidos y marchas, para exigir al Gobierno de Luis Arce acciones ante el encarecimiento de algunos productos de primera necesidad, la falta de combustibles y de dólares.
Desde hace algunos días aumentaron las filas de vehículos de bajo y alto tonelaje en las estaciones de combustibles mientras que el incremento del tomate, cebolla, arroz y azúcar ha causado alarma en varios sectores de la población.
Este lunes, la Cámara del Transporte Nacional e Internacional confirmó para el próximo 17 de junio un "bloqueo de carreteras con cierre de fronteras".
Los transportistas piden al Gobierno el "abastecimiento permanente de combustible" y "que se garantice la circulación de divisas", entre otros pedidos para que sean atendidos directamente por el presidente Arce.
Justamente, los transportistas de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia y vecina de La Paz, marcharon hoy e instalaron varios puntos de bloqueo en demanda de que se normalice la distribución de combustible.
Asimismo, está previsto que los comerciantes, un sector que también organizó bloqueos y protestas hace unos días, comiencen este martes una marcha hacia La Paz.
El punto de encuentro será la localidad de Patacamaya, a 98 kilómetros al sur de La Paz, para llegar a la ciudad sede del Ejecutivo y Legislativo del país hasta el siguiente lunes, lo que coincidirá con los bloqueos de los transportistas.
En Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, las asociaciones de las juntas vecinales marcharon para exigir al Gobierno que se asuman medidas contra quienes ocultan los alimentos de primera necesidad y elevan su costo.
"Los productores prefieren llevar (los alimentos) a Argentina (y) Perú antes de abastecer el mercado de los bolivianos. (El Gobierno) tiene que cerrar las fronteras y meter procesos a los especuladores", dijo a los medios Orlando Peña, representante de las juntas vecinales de Santa Cruz.
En esa ciudad, varios activistas y plataformas ciudadanas han convocado a un "cacerolazo" en protesta al incremento de los alimentos, una medida que también se tomará en otras regiones del país como La Paz.
Operativos en fronteras
El Gobierno ha organizado operativos de control en algunas ciudades fronterizas con Argentina para evitar que los productos bolivianos salgan como un "contrabando de exportación".
"Está más que comprobado que algunos productos de la canasta familiar están siendo sacados de manera irregular", dijo el viceministro de Desarrollo Rural, Álvaro Mollinedo, al canal estatal Bolivia TV.
Mollinedo señaló como responsables de estos a los "intermediarios" y no a los productores campesinos, puesto que aquellos, por ejemplo, venden en Argentina a 400 bolivianos (58 dólares) una caja de tomates que en Bolivia cuesta 200 (29 dólares).
Daniel Vargas, viceministro de Lucha Contra el Contrabando, afirmó que se harán varios controles en las zonas de frontera por "varios días", para frenar el comercio ilegal de alimentos de Bolivia hacia Argentina.
Por su parte, la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) confirmó que la venta de arroz pasó de 23.580 quintales en enero a 63.000 en mayo "por causa del agio y la especulación".
A la falta de combustible e incremento de precios se suma la falta de dólares que, según algunos expertos, es la causa principal de la mala situación económica.
Bolivia sufre desde principios de 2023 una falta de liquidez de dólares, algo que coincidió con los informes oficiales que mostraron una disminución de las reservas internacionales netas (RIN), que en 2014 llegaron a los 15.122 millones de dólares.
El último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) indicó que las RIN llegaron a 1.796 millones de dólares hasta el pasado 30 de abril, con un incremento de 87 millones respecto al saldo de 1.709 millones alcanzado a finales de 2023.
El Gobierno tomó medidas como la venta directa de dólares a través del Banco Central de Bolivia (BCB) junto a otras medidas acordadas con los empresarios privados, incluidas la liberación de exportaciones, la emisión de bonos por parte del ente emisor y algunos incentivos para bajar el gasto en la importación de combustibles, entre otras.
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