Francisco Martínez Oporto
Madrid, 22 jun (EFE).- La falta de un acuerdo entre Grecia y sus acreedores abocaría al país heleno a una situación en las que los bancos no podrían hacer frente a sus obligaciones y el Gobierno tendría que intervenir para evitar la retirada masiva de dinero, lo que se conoce popularmente como corralito.
Esta podría ser una de las consecuencias del impago de las obligaciones del Ejecutivo griego si no hace frente a los pagos contraídos con sus socios europeos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, a quien tiene que devolver antes de fin de mes 1.500 millones de euros de un préstamo concedido por este organismo.
La denominación de "corralito" surgió en Argentina, país que se encontraba en una profunda crisis económica en 1998 y, tras siete ajustes económicos, el 3 de diciembre de 2001 el Ejecutivo adoptó varias medidas impopulares entre las que destacó el denominado corralito.
Este mecanismo impedía la retirada de más de 250 pesos en efectivo a la semana de las cuentas bancarias para evitar la fuga de capitales y tener más de dos cuentas corrientes. La medida también contemplaba la inmovilización del 75 % de los nuevos depósitos.
Argentina ya había sufrido otro corralito una década antes, en 1989, ocasión en la que los ahorradores sólo podían retirar hasta 20.000 australes (unos 120 dólares) de una sola vez, que fue denominado plan Bonex y supuso el cambio de los depósitos por bonos a 10 años.
Otros países latinoamericanos que aplicaron medidas similares fueron Brasil, Ecuador y Uruguay.
En marzo de 1990 Brasil ordenó bloquear cerca del 90 por ciento del dinero circulante en el país y el límite para retirar dinero fue fijado en 25.000 cruceiros (unos 365 dólares al cambio), medida que se prolongó algo más de dos años.
En 1999 Ecuador afrontó una de las peores crisis económicas de su historia, que hizo que su economía retrocediera diez años y se pusiera a la cola de los países latinoamericanos.
La congelación de los depósitos duró medio año, se devaluó la moneda y los ahorradores sufrieron fuertes pérdidas.
Uruguay sufrió en 2002 el contagio de la crisis de Argentina y tuvo que adoptar medidas similares, lo que no evitó la retirada del 47 % de los depósitos de los bancos y la pérdida de 3.170 millones de dólares de las reservas internacionales del país.
El Banco Central de Uruguay dispuso un festivo bancario de seis días que derivó en la suspensión de actividades por falta de liquidez.
El primer corralito europeo se produjo en Islandia en febrero de 2010 con motivo de la crisis bancaria y supuso la quiebra del banco islandés Icesave, en el que a través de Internet habían confiado sus ahorros miles de británicos y holandeses.
Las entidades financieras de Islandia fueron víctimas de la crisis de liquidez y el Gobierno procedió a la nacionalización de los bancos para garantizar los depósitos de sus ciudadanos pero no los realizados por Internet en el extranjero.
La eurozona también sufrió un primer "corralito" el 16 de marzo de 2013, que se generó cuando el Eurogrupo acordó un rescate de hasta 10.000 millones para Chipre con unas condiciones que gravaban los depósitos de los ahorradores.
El paquete de medidas, aprobadas por la UE y aceptadas por el Gobierno chipriota, incluía un impuesto extraordinario del 9,9 % sobre los ahorros de más de 100.000 euros y uno de 6,7 % para los de menos, así como un aumento del impuesto de sociedades hasta el 12,5 %. El Banco Central ordenó el cierre de las oficinas bancarias.
El 16 de marzo de 2015, el principado de Andorra estableció un "corralito" al limitar la retirada en efectivo a los clientes de Banca Privada d'Andorra a 2.500 euros por semana y cuenta para evitar que el cuarto banco del país siguiera perdiendo valor después de ser intervenido por el Departamento de Delitos Financieros del Tesoro de EEUU bajo la acusación de blanquear dinero del crimen organizado.
El 16 de marzo de 2015, la Comisión Nacional del Mercado de Valores también suspendió temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y Sicav gestionados por la gestora de inversión colectiva de Banco de Madrid, filial de la Banca Privada d'Andorra.
Ello ocurrió tras solicitar los administradores designados por el Banco de España el concurso voluntario de acreedores de la entidad, debido al "fuerte deterioro sufrido en la situación económica-financiera de Banco Madrid en los últimos días".