Por Carlos Ruano
MADRID (Reuters) - El Gobierno de Andorra anunció el jueves que está ultimando un nuevo marco legal para llevar a cabo la reestructuración que sea precisa en la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA) y que separará los activos en un banco bueno y otro malo.
"Ahora tenemos que pasar a un esquema de banco bueno / banco malo", dijo en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Andorra, Gilbert Saboya, tras anunciar que la próxima semana se aprobará un proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades bancarias con carácter urgente para "encontrar una solución a la situación de BPA".
Saboya dijo que PwC trabaja desde hace dos semanas para "segmentar el negocio lícito de BPA del ilícito" con un esquema que permitirá estudiar diversos escenarios de salida para la entidad: desde la venta o reanudación de la actividad total o parcial, a una eventual liquidación.
La nueva legislación incluirá la creación de una agencia estatal que evaluará y decidirá entre las posibles soluciones.
Las autoridades del pequeño país del Pirineo intervinieron la Banca Privada de Andorra (BPA) a principios de marzo, después de que el Tesoro estadounidense denunciase presuntas actividades de blanqueo de capitales a través de la entidad.
Desde la intervención, un shock para el pequeño enclave pirenaico en el que la banca aporta el 20 por ciento del PIB, el Gobierno trabaja a marchas forzadas para buscar una rápida solución que preserve la imagen del país y el sector. En el mercado se especula con un posible reparto de activos entre las otras tres entidades nacionales o una venta con carácter urgente.
FONDOS PARA LAS EMPRESAS
El Ejecutivo andorrano aprobó también el jueves un decreto para habilitar una línea de financiación de 45 millones de euros ampliable hasta 100 millones de euros, para dar liquidez a empresas clientes de la intervenida, que tiene limitada la disposición de fondos.
El gobierno de Andorra estableció a mediados de marzo una serie de medidas cautelares en BPA incluyendo límites a la operativa de las cuentas.
El Gobierno explicó que los fondos están destinados "a proveer de la liquidez necesaria a las empresas que trabajen con BPA y que justifiquen que los importes solicitados son para afrontar la operativa ordinaria de la empresa, como el pago de las nóminas y los alquileres".
En un comunicado, el Ejecutivo explicó que la medida busca restablecer la operativa corriente de las empresas afectadas y reducir en lo posible los efectos colaterales de la intervención sobre el tejido productivo.
La financiación se ha estructurado a través de una línea de crédito para los pagos internos y otra de avales para los pagos internacionales y tendrá un coste equivalente al euribor trimestral más dos puntos básicos.
(Editado por Robert Hetz)