Buenos Aires, 16 sep (EFE).- La Cancillería argentina citó hoy a declarar a Kevin Sullivan, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Argentina, por sus declaraciones a los medios sobre la crisis de la deuda que, según el Gobierno son "inapropiadas" y constituyen una "injerencia".
"Consideramos las expresiones del encargado de la embajada de Estados Unidos desafortunadas, incorrectas, inapropiadas, que constituyen injerencia indebida en la soberanía de país", sostuvo hoy el jefe de ministros argentino, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
El jefe de Gabinete rechazó así las declaraciones de Kevin Sullivan, que se desempeña como embajador interino en Argentina por ser el cargo de máximo rango diplomático actualmente en el país, en las que opinaba que es importante que el país suramericano "salga del default" (cese de pagos) para volver al crecimiento económico.
Sullivan hacía referencia a la crisis de la deuda que atraviesa Argentina a consecuencia del fallo favorable a los fondos especulativos que no aceptaron la reestructuración de los bonos argentinos, en mora desde la crisis de 2001, y demandaron al país suramericano en Nueva York.
Como parte de la aplicación del fallo, el juez neoyorquino Thomas Griesa mantiene bloqueados los fondos para el pago del último vencimiento de los bonos reestructurados hasta que el Ejecutivo de Cristina Fernández salde los 1.300 millones de dólares que debe, por sentencia, a los fondos litigantes.
Sin embargo, la Casa Rosada defiende que no hay "cese de pagos" ya que Argentina ha depositado los pagos a tiempo y que el juez comete una intromisión al impedir que los agentes fiduciarios distribuyan los fondos a sus propietarios.
"No es un problema de la Argentina; es un problema del juez (Thomas Griesa) que entorpece el proceso de pago, pero queda claro en el prospecto y en los avisos legales publicados por la Argentina que la Argentina ha depositado los fondos, que pertenecen a los bonistas", afirmó Capitanich.
"Por lo tanto -agregó- si pertenecen a los bonistas la Argentina cumple, la Argentina paga" y todo ello "implica el efectivo cumplimiento del país", recalcó.
El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir con el fallo del juez Griesa, favorable al 1 % de los acreedores, porque violaría los acuerdos con los bonistas reestructurados (el 92,4 por ciento del total) y desencadenaría un aluvión de denuncias millonarias.