Por Alejandro Lifschitz
BUENOS AIRES (Reuters) - El Gobierno argentino aseguró el miércoles que su propuesta de pagar en Buenos Aires sus bonos bajo legislaciones extranjeras no implica un cambio en las reglas de juego y aseguró que busca proteger a los acreedores que quedaron atrapados en una disputa judicial que llevó al país a la suspensión de pagos.
La medida es un intento por sortear una orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien bloqueó los pagos de la deuda argentina en el exterior hasta que el país compense con más de 1.330 millones de dólares a fondos de cobertura que lo demandaron por la suspensión de pagos del 2002, a lo que la administración de la presidenta Cristina Fernández se niega.
La orden judicial impidió a Argentina honrar los intereses de un bono Discount a finales de julio, hundiendo al país en un nuevo impago o "default" justo cuando su economía se encuentra en recesión y sufre una elevada inflación que ya golpeó la actividad.
La decisión de Argentina, que se plasmó en un proyecto de ley anunciado en la noche del martes por Fernández, implica cambiar el lugar de pago de sus bonos emitidos en los canjes de deuda del 2005 y el 2010, en los que la mayor parte de los acreedores aceptó fuertes quitas a cambio de recibir títulos que el país ha venido honrando regularmente.
El país sudamericano también decidió abrir un canje de deuda voluntario para que los acreedores con deuda bajo legislaciones extranjeras puedan recibir títulos regidos por ley argentina en los mismos términos.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que los contratos de los bonos emitidos en las dos reestructuraciones permiten al país cambiar el canal de pago. Pero el funcionario aclaró que el Gobierno argentino está dispuesto a escuchar propuestas alternativas de parte de los tenedores de bonos.
"Esta ley no es compulsiva, les permite actuar a los bonistas también, que son los que no están cobrando. Entonces, lo que decimos es 'les vamos a pagar de esta manera si es que antes no surge otra opción gatillada por los propios bonistas que tienen intereses'", afirmó el funcionario.
Una alternativa es que los bonistas convoquen a una asamblea de acreedores para modificar el procedimiento de pago de los títulos y así evitar que los fondos sean distribuidos a través de Nueva York. Para esto hace falta una mayoría especial.
Otra opción es lograr que una cámara de apelaciones bloqueé la orden de Griesa.
En todo caso, algo debería suceder antes del 30 de septiembre, cuando el país sudamericano debe pagar en el exterior unos 200 millones de dólares por un vencimiento de su bono Par.
Los títulos Discount y Par argentinos perdían más del 2 por ciento en el mercado extrabursátil en Buenos Aires poco después del mediodía local (1500), en tanto que la bolsa bajaba un 1,12 por ciento.
El peso en el mercado negro, un termómetro de la confianza de los ahorradores en la economía, cayó a un mínimo histórico de 13,43 por dólar.
PAGO VIA ARGENTINA
El proyecto enviado al Congreso dispone que el Gobierno pagará en Buenos Aires a través del estatal Banco Nación a los tenedores de bonos Discount, Par y Global 2017 emitidos bajo leyes de Estados Unidos, Reino Unido y Japón.
Hasta ahora, esos títulos, que suman un capital de alrededor de 29.000 millones de dólares, eran abonados a través de Nueva York por el Bank of New York Mellon (BONY), con el cual Argentina decidió rescindir su contrato como agente de pagos por haber acatado el bloqueo dispuesto por el juez Thomas Griesa.
El Discount perdía 1,9 centavos de dólar a 80,51 en Londres.
Si consideran que hay un cambio en las reglas del juego, los tenedores de bonos reestructurados podrían ejercer una cláusula que les permitiría recuperar sus inversiones anticipadamente.
El Gobierno, que ha tenido que implementar un control de cambios y limitar las importaciones para frenar el derrumbe de las reservas del Banco Central, carece de recursos para cancelar anticipadamente su deuda bajo leyes extranjeras y ya adelantó que frenaría en la justicia cualquier intento de obligarlo a hacerlo.
"Ya sabemos quiénes son los delincuentes (en alusión a los fondos buitres). Si ahora quieren forzar una aceleración de toda la deuda junta en un solo pago, ningún país del mundo lo puede hacer", dijo Kicillof en referencia a cancelar toda la deuda a la vez.
Se espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley antes de que Argentina enfrente un vencimiento de su bono Par el 30 de septiembre.
Las negociaciones para lograr un acuerdo entre Argentina y sus demandantes, liderados por los fondos NML y Aurelius, fracasaron a finales de julio.
Griesa había ordenado recientemente a las partes volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero el Gobierno argentino dijo que no estaban dadas las condiciones dado que el mediador designado por el magistrado beneficiaba a los fondos que el país califica de "buitres".
El juez estadounidense podría declarar a Argentina en desacato por no cumplir con su orden, aunque el Gobierno del país austral dijo que una decisión de este tipo sólo sería declamativa y no tendría consecuencias reales.
El cambio de jurisdicción de bonos también implica un desafío legal para los inversores institucionales, dado que algunos de ellos no están habilitados para asumir el riesgo que implica tener bonos bajo otra ley que no sea estadounidense o europea.
El proyecto de ley argentino también dispone que el país deposite en el agente de pagos los fondos que le corresponderían a los acreedores "holdouts" si hubieran participado de los canjes del 2005 y el 2010.
Hasta ahora, esos acreedores, con tenencias calculadas en unos 10.000 millones de dólares, han rechazado reestructurar sus títulos a cambio de quitas.