Buenos Aires, 29 sep (EFE).- El Gobierno argentino envió hoy una carta a la Casa Blanca en la que considera "inconcebible" que un juez estadounidense "pueda declarar a un Estado extranjero en desacato", horas antes de una audiencia prevista en Nueva York en el litigio que enfrenta al país suramericano con fondos especulativos.
A través de una misiva enviada por la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, la Cancillería argentina consideró "un disparate jurídico" que los fondos especulativos hayan solicitado al juez neoyorquino Thomas Griesa que declare en desacato a Argentina y le imponga sanciones por no acatar un fallo adverso.
El titular de Exteriores argentino, Héctor Timerman, hizo pública la carta en Buenos Aires y advirtió de que cualquier decisión de la Justicia de Estados Unidos que frustre la reestructuración de deuda supondría "una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino" y "comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América".
Además, destacó que "cuando cualquiera de los poderes de un Estado desconoce la condición de igual de otro país no solo viola en forma manifiesta el derecho internacional, sino que además arriesga estar sentando el precedente para que igual apartamiento del derecho internacional sea cometido en su perjuicio".
Según el Gobierno argentino, la mera consideración de una orden judicial de desacato "constituye una afrenta a la dignidad y a la soberanía" de Argentina".
"Es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero en desacato. Esa pretensión solo puede responder al desconocimiento o a una percepción alterada de las normas básicas del derecho internacional vigente y la convivencia pacífica del orden global", leyó Timerman.
El juez Griesa ha convocado a una vista para decidir si declara en desacato a Argentina a petición de fondos especulativos que tienen bonos de deuda en mora desde 2001 y no aceptaron las reestructuraciones propuestas por el Gobierno argentino.
La Justicia estadounidense falló a favor de los fondos demandantes y ordenó al Ejecutivo presidido por Cristina Fernández pagarles 1.300 millones de dólares más intereses.
En caso de que el juez Griesa dictara hoy desacato para Argentina, el país se enfrentaría a una multa de 50.000 dólares al día y futuras sanciones no económicas si no corrigiera la situación en un plazo de diez días.