MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional paralizó el jueves la ley y convocatoria del referéndum de independencia de Cataluña, advirtiendo a autoridades regionales y municipales de que no participen en la consulta.
La admisión a trámite por parte del Constitucional de cuatro recursos planteados por el Gobierno español contra los acuerdos adoptados la víspera en el Parlament y la Generalitat supone su inmediata suspensión, aunque los responsables catalanes han insistido en que seguirán adelante con sus planes.
El máximo organismo judicial español comunicó la suspensión cautelar de la ley de la consulta y, según una fuente judicial, ha acordado notificar a los 947 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalitat que no pueden participar en la organización de la consulta planeada por el Govern para el 1 de octubre.
La decisión final y los argumentos de los jueces se conocerán en semanas, cuando se dicte sentencia.
La reacción del gobierno catalán no se hizo esperar, con unas declaraciones del consejero de Presidencia de la Generalitat que indicaba que el proceso soberanista se mantenía inalterado tras la decisión judicial.
"Seguiremos haciendo lo que nos ha mandado el Parlament, seguiremos adelante con el referéndum. El Tribunal en todo lo que hace se dedica a acatar decisiones políticas", dijo Jordi Turull en la cadena Ser.
Al anunciar los recursos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo defender "el imperio de la ley" y pidió que se advirtiera al Govern y a los 947 alcaldes de Cataluña de su obligación de paralizar cualquier iniciativa tendente a organizar un referéndum.
El aviso de Rajoy llega después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, enviara una carta a los ayuntamientos pidiéndoles que pusieran a disposición del Govern los centros electorales habituales para una consulta que no fija participación mínima y quiere usar un censo de marzo pasado.
"Esa consulta, por más que se pretende imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar", dijo el presidente del Gobierno en una intervención en Moncloa tras un Consejo de Ministros extraordinario para plantear los recursos.
Horas antes de tomar su decisión, los doce magistrados del Constitucional habían desestimado la recusación planteada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no les consideraba imparciales por haber impugnado todos los pasos dados previamente para preguntar a los catalanes sobre su relación con España.
Rajoy pidió a las autoridades catalanas que no avanzaran hacia el "precipicio institucional" y dijo que haría todo lo posible para evitar la ruptura del modelo de convivencia en el país, mostrándose por otra parte abierto a cambiar la Constitución de 1978.
La modificación de la Constitución abriría una vía alternativa para un nuevo encaje de Cataluña en España, cuyo modelo territorial han pedido revisar los socialistas, que el mismo jueves solicitaron una comisión específica sobre este tema en el Congreso tras una reunión de su secretario general, Pedro Sánchez, con Rajoy.
ACTUACIONES DE LA FISCALÍA CONTRA LOS PREPARATIVOS
La decisión del Constitucional se suma a la querella anunciada el jueves por la Fiscalía General del Estado contra los miembros de Govern que firmaron el decreto de una convocatoria considerada contraria a la legalidad.
Además, la Fiscalía dijo que se querellaría contra los miembros de la Mesa del Parlament que admitieron a trámite la ley del referéndum, aprobada el miércoles por la noche por la mayoría soberanista de la cámara en medio de una fuerte polémica.
Para frenar los preparativos del 1-O, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo que había pedido a las distintas policías que operan en Cataluña que investigaran todas las actuaciones encaminadas a celebrar la consulta.
"Esto significa que la policía judicial está al servicio del ministerio fiscal y ese es un paso importante para evitar el golpe en Cataluña", dijo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuyo partido es el principal de la oposición en la región mediterránea, tras reunirse con Rajoy.
Aunque según los sondeos es mayoritario el deseo en Cataluña de celebrar una consulta de autodeterminación, la opción independentista ha ido perdiendo fuerza recientemente y no alcanzaría el 50 por ciento de los votantes.
Pese a las actuaciones judiciales en su contra, las fuerzas soberanistas volvieron a valerse de su mayoría en el Parlament el jueves para alterar el orden del día -generando una repetición de los enfrentamientos de la víspera- con el fin de votar la llamada "ley de desconexión", que pretende gestionar la transición hacia una república independiente catalana en caso de ganar el "sí".