Bruselas, 18 jun (.).- La Comisión Europea retomará este miércoles los expedientes por exceso de déficit tras cuatro años paralizados por la pandemia y la guerra de Ucrania, un procedimiento al que se expone España por haber superado en 2023 el umbral del 3 % del PIB que fijan las normas comunitarias.
En concreto, el Ejecutivo comunitario publicará un informe sobre los once países de la Unión Europea (UE) que superaron este límite en el que también tendrá en cuenta otros factores relevantes a la hora de decidir si abre un expediente sancionador, como la evolución de su deuda pública, la situación económica o la inversión en defensa.
Sin embargo, Bruselas no fijará todavía el ajuste que deberán acometer los países expedientados para corregir su desvío presupuestario, algo que hará previsiblemente el próximo otoño una vez que los Gobiernos le hayan remitido los planes fiscales a medio plazo - cuatro o siete años - que exigen las nuevas normas de disciplina fiscal.
En total, once países de la UE se exponen a recibir mañana un expediente por haber superado el 3 % de déficit el año pasado, entre ellos España, cuyo desvío se situó en el 3,6 % del producto interior bruto (PIB), según los datos de Eurostat.
También Italia, que registró el déficit más abultado de la UE con un 7,4 % de su PIB, Hungría (-6,7 %), Rumanía (-6,6 %), Francia (-5,5 %), Polonia (-5,1 %), Malta y Eslovaquia (ambas -4,9 %), Bélgica (-4,4 %), República Checa (-3,7 %), y Estonia (-3,4 %).
Sin embargo, esto no significa que vayan a ser automáticamente expedientados, ya que Bruselas tiene en cuenta otros elementos, en particular si el déficit está en una cota próxima a la referencia del 3 %, se ha ido reduciendo en los últimos años y se trata de un desvío temporal.
En concreto, la Comisión considera como "factores relevantes" la evolución de la deuda pública y los riesgos ligados a la misma, la evolución de la situación presupuestaria y de la situación económica a medio plazo, la implementación de reformas e inversiones para corregir los desequilibrios macroeconómicos, y el aumento de la inversión pública en defensa.
Y entre éstos, se considera un "factor agravante clave" el que un Estado "se enfrente a retos importantes en materia de deuda pública", mientras que una evolución desfavorable de la situación económica, presupuestaria y financiera puede considerarse un "atenuante".
Además, Bruselas debe tener en cuenta aquellos elementos que el país en cuestión considere pertinentes para determinar si ha incurrido en un exceso de déficit, por lo que algunos Estados podrían esquivar el expediente.
En este sentido, un alto cargo europeo apuntaba este martes que los Veintisiete esperan que las nuevas reglas fiscales se apliquen "seriamente" y que la Comisión Europea "cumpla su deber e implemente la ley como está escrita".
En el caso de España, el déficit público se sitúa solo seis décimas por encima del umbral de referencia y las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que en 2024 se reducirá hasta el 3 % y en 2025 hasta el 2,8 % del PIB; pero la deuda pública (107,7 % el año pasado) supera con creces el límite del 60 % que fijan los Tratados europeos y, pese a reducirse, en 2025 seguirá por encima del 100 % del PIB.
Si la Comisión Europea decide abrir un procedimiento por déficit excesivo, recomendará una senda de ajuste para corregir el desvío que, según las nuevas normas de disciplina fiscal adoptadas este año, debería asegurar una reducción del déficit de al menos 0,5 puntos porcentuales al año (7.300 millones de euros en el caso de España).
Ahora bien, no está previsto que el Ejecutivo comunitario haga esta recomendación mañana mismo - como ocurría bajo las normas anteriores - sino más tarde este año, con lo que este miércoles se limitaría a dar recomendaciones cualitativas a los Gobiernos como ha hecho mientras las reglas han estado suspendidas.
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