Londres, 23 feb (EFE).- Casi 200 empresarios del Reino Unido, entre ellos de 36 compañías que cotizan en el índice principal de la Bolsa de Valores de Londres, expresaron hoy su apoyo a la campaña a favor de la permanencia del país en la Unión Europea (UE).
En una carta publicada hoy en el periódico británico "The Times", los firmantes alertan de los riesgos que una posible retirada del bloque europeo pueda tener en la economía del Reino Unido si la población vota por el "brexit" en el referéndum del 23 de junio.
Entre los firmantes de la misiva figuran presidentes o consejeros delegados de compañías como la empresa de telecomunicaciones British Telecom (BT (L:BT)), el supermercado Asda, los grandes almacenes Marks & Spencer" y el operador de telefonía móvil Vodafone (L:VOD), además de los directivos de los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick.
En su carta, que es muy breve y lleva la firma de un total de 198 personas, los empresarios advierten de que un eventual "brexit" puede frenar la inversión y "amenazar empleos".
"Los negocios necesitan un acceso sin restricciones al mercado europeo de 500 millones de personas a fin de continuar creciendo, invirtiendo y creando empleos", señalan.
"Creemos que abandonar la UE puede frenar la inversión y amenazar empleos, arriesgaría la economía", agregan los firmantes, entre los que figuran personas que han hecho donaciones al Partido Conservador del primer ministro británico, David Cameron.
Los empresarios subrayan que todos ellos emplean a cientos de miles de personas en el Reino Unido y consideran que, tras las negociaciones del jefe del Gobierno en Bruselas, el país estará mejor en "una UE reformada" al haber conseguido un compromiso para reducir la carga de la regulación.
Cameron, que hará campaña a favor de seguir en la UE, advirtió ayer en el Parlamento de que en una salida del bloque europeo puede perjudicar a la gente trabajadora del Reino Unido "durante años".
El acuerdo que cerró Cameron el viernes en Bruselas permitirá al Gobierno británico limitar las ayudas públicas a los trabajadores comunitarios en el Reino Unido durante un periodo de cuatro años, así como adaptar las ayudas por hijos que viven fuera de las islas británicas al nivel de vida de esos países.
También excluye al Reino Unido de cualquier medida destinada a forjar una mayor integración política con Europa y crea mecanismos para que los países externos a la eurozona fuercen un debate sobre leyes que consideran contrarias a sus intereses.