(Actualiza con promulgación de la ley y declaraciones de la presidenta argentina, Cristina Fernández)
Buenos Aires, 11 sep (EFE).- La presidenta argentina, Cristina Fernández, promulgó hoy una ley aprobada por el Congreso argentino que habilita el pago local de deuda y subrayó la voluntad de pagar a todos los acreedores, incluidos los que rechazaron reestructurar su deuda y litigaron en tribunales estadounidenses.
"Es un día muy especial (...) un suceso histórico", dijo Fernández tras promulgar la Ley de Pago Soberano Local de Deuda Externa, que fue aprobada de madrugada por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones en la Cámara de Diputados de Argentina, de mayoría oficialista.
"Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas con todos los tenedores de bonos", aseguró la mandataria en la sede del Ejecutivo argentino.
Fernández explicó que la ley "asegura el pago al 92,4 % de los acreedores" que se adhirieron a los canjes de deuda en 2005 y 2010, con importantes quitas, pero también contempla el pago en las mismas condiciones al 7,6 % de los tenedores de bonos en mora desde 2001 que rechazaron la oferta argentina.
La jefa de Estado tildó de "impresentable" al juez estadounidense Thomas Griesa que falló a favor del pago íntegro de la deuda a fondos especulativos, por un monto de 1.300 millones de dólares, más intereses, y bloqueó el pago a los demás acreedores hasta que estos cobren.
Fernández marcó distancias entre la situación actual de Argentina y la de 2001, cuando el país declaró el cese de pagos en medio de una grave crisis económica y social: "El Parlamento asegura el pago y el presidente no declara el default (impago), sino que promulga la ley que asegura el pago soberano".
"Esto es un instrumento muy importante", recalcó el jefe de gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
Con la ley de pago soberano, el oficialismo ofrece una alternativa de pago local a los acreedores que no pudieron cobrar los fondos entregados por Argentina a los agentes fiduciarios internacionales debido a la aplicación del fallo de Griesa.
La medida, anunciada por Cristina Fernández a finales del mes pasado, recibió la media sanción del Senado la semana pasada con el objetivo de superar el trámite parlamentario antes del próximo vencimiento de la deuda reestructurada, de 200 millones de dólares, a finales de este mes.
Capitanich criticó el rechazo de la oposición al proyecto, que votó contra la iniciativa por considerar que no resolverá el conflicto abierto en Estados Unidos con los fondos especulativos.
"El mejor procedimiento para sacarse de encima al juez Griesa es cumplir la sentencia", adujo durante la tensa sesión parlamentaria Pablo Tonelli, de la opositora Propuesta Republicana (PRO), que votó en contra del proyecto gubernamental.
En el mismo sentido, la diputada opositora Elisa Carrió, de Frente Amplio UNEN, aseguró que el Gobierno de Cristina Fernández está colocando al país "en una situación de extrema gravedad institucional".
La ley de pago soberano contempla sustituir al Bank of New York- Mellon (BONY) por el estatal Banco Nación como agente fiduciario de pago, intermediario entre el Estado argentino y los bonistas.
A su vez, permite también que los acreedores nombren sus propios agentes de cobro para garantizar que les llegarán los fondos.
La iniciativa original proponía a los inversores cobrar en Argentina, pero, a propuesta de la oposición, se incluyó como opción que los acreedores puedan también cobrar en Francia a través de un canje de sus bonos bajo legislación estadounidense por otros bajo legislación francesa.
El país busca evitar así un bloqueo similar al ocurrido en junio pasado, cuando Argentina ingresó al BONY los fondos correspondientes al último vencimiento de deuda reestructurada, pero la entidad no los entregó a sus destinatarios porque Griesa declaró ilegal la operación hasta que el país cumpla la sentencia favorable a los fondos especulativos.