San Juan, 24 jun (EFE).- Con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico al borde la insolvencia, el presidente de la Junta de Directores del brazo financiero de Gobierno de la isla, David Chafey, presentó su dimisión por "razones personales".
"Por razones muy personales relacionadas con mi familia, le comunico mi renuncia efectiva el 30 de junio de 2015", explicó Chafey en un escrito difundido hoy por el BGF -aunque con fecha del 17 de junio- y dirigido al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.
En él le recuerda que aceptó este cargo al comienzo del Gobierno de García Padilla con un compromiso de permanecer en él durante dos años, hasta diciembre de 2014.
"En ese momento usted me solicitó que permaneciera en mi puesto hasta junio del presente año, lo cual acepté porque tengo un gran compromiso con Puerto Rico", añadió, después de asegurar que ha puesto todo su "esfuerzo y energía para afrontar y tratar de aliviar la crisis" que atraviesa la isla.
En su opinión, y según explicó en su carta, "la única manera" de superar esa crisis es lograr que "haya entendimiento y unidad de todas las partes, así como un verdadero amor por Puerto Rico".
"Le deseo a usted y a todo su equipo de trabajo mucho éxito en sus gestiones por encaminar a Puerto Rico", se despide Chafey, cuya dimisión se hará efectiva el 30 de junio, el día en que acaba el actual ejercicio fiscal.
Se trata de un momento crítico para el BGF, cuya liquidez se ha desplomado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, hasta el punto de que teme no poder seguir operando con normalidad durante el primer trimestre del nuevo año fiscal (2015-16).
Según los datos más recientes, al final de mayo el BGF tenía 778 millones de dólares, una cifra que hace un año superaba los 3.000 millones, que es un 24 % inferior a la de abril y que está muy cerca de los 500 millones de mínimo que por ley esta institución tiene que tener siempre en su arcas.
Con este panorama, el 1 de julio llegará el vencimiento de una deuda de 655 millones de dólares en el pago de obligaciones generales, un instrumento de deuda cuya devolución está garantizada por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago debe tener prioridad ante cualquier otro gasto de la Administración.
Ante la renuncia de Chafey, la presidenta del BGF, Melba Acosta, agradeció su trabajo y dijo que tanto ella como el resto del equipo seguirán "enfocados en atender los retos que se nos presenten y comprometidos con nuestros esfuerzos para restaurar la salud fiscal y el crecimiento económico de Puerto Rico".
Según datos de la propia Acosta, diferentes entidades públicas del Gobierno de Puerto Rico le deben al BGF unos 3.000 millones de dólares.
Está previsto que en los próximos días el gobernador firme una controvertida ley que prepara el terreno para que el brazo financiero del Gobierno tome decisiones extremas en caso de falta de fondos.
La idea es que el BGF "disponga de un procedimiento similar al de la banca privada para trabajar con los fondos no reclamados en posesión del banco", según Acosta.
La ley también elimina la disposición que establece como delito grave punible con hasta tres años de cárcel "aceptar depósitos luego de que se declare la insolvencia del Banco" e incluye "una inmunidad e indemnización sobre demandas civiles a los miembros de la Junta de Directores, oficiales y empleados del BGF, salvo que actúen con negligencia crasa que conlleve indiferencia temeraria hacia sus deberes".
La tramitación de esta ley ha reavivado las sospechas de que el Gobierno podría estar allanando el terreno para declarar insolvente a su brazo financiero a partir de que el 1 de julio comience el próximo ejercicio fiscal y se vea sin fondos para pagar nóminas de empleados públicos y atender las obligaciones de la deuda.
Además, se ha especulado con que varios dirigentes del BGF habían amenazado con dimitir de sus puestos si no se aprobada la citada inmunidad.
Puerto Rico acumula ya casi una década de retroceso económico y una deuda 72.000 millones de dólares catalogada de bonos basura (lo que implica elevados tipos de interés).
Cada vez son más las voces, incluso dentro del propio Gobierno, que abogan por renegociar los términos de la devolución de la deuda, como hacen muchos otros países y territorios.