San Juan, 25 feb (EFE).- Doral Bank no recibirá el reembolso de 229 millones de dólares que exigía a la Hacienda de Puerto Rico, según el dictamen del Tribunal de Apelaciones de la isla caribeña hecho público hoy y que puede suponer una sentencia de muerte para la institución financiera.
"Aunque apreciamos en Puerto Rico la presencia de la banca y su papel en nuestro desarrollo económico, la gestión de la misma debe estar dentro de los parámetros del derecho vigente", dijo el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, tras conocerse la sentencia judicial.
En un comunicado, añadió que sienten "satisfacción por haber defendido adecuadamente los intereses del pueblo de Puerto Rico frente al reclamo absolutamente ilegal de esta entidad financiera".
La corte así declaró nulo el acuerdo alcanzado en 2012 entre el Ejecutivo que encabezaba entonces Luis Fortuño y la institución, que hoy informó de que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ha restringido sus operaciones por la debilidad de sus estados financieros.
La sentencia, de 42 páginas, del Tribunal de Apelaciones de San Juan da así la razón al Gobierno de Puerto Rico y recuerda que el acuerdo reconoció a Doral Bank un crédito contributivo de 229 millones de dólares, aunque fue anulado posteriormente por el Departamento de Hacienda por considerar que "medió simulación o artificio ilícito por parte de la entidad".
Tras conocerse la sentencia, el secretario de Hacienda de Puerto Rico, Juan Zaragoza, aseguró que "ésta ha sido una batalla muy fuerte", pero que siempre actuaron "convencidos de la obligación moral y legal con el pueblo de Puerto Rico de defender la improcedencia del millonario desembolso de fondos públicos".
"Ningún contribuyente puede ir por encima de la ley y el orden público", añadió en un comunicado.
Doral Bank reclamaba 229 millones de dólares correspondientes a unas reducciones en las ganancias financieras de las que originalmente había informado en sus estados financieros para el periodo 2000-2004 por la revalorización de activos vendidos por la entidad durante esos años.
"Evaluada la transcripción de la prueba oral, así como los alegatos de las partes, los expedientes originales del caso, así como toda la prueba aportada y admitida en el litigio, revocamos la sentencia apelada por considerar que el acuerdo de 2012 contiene una representación inexacta o falseada sobre un hecho esencial o pertinente que lo hace nulo", dicta la resolución.
La sentencia destaca varios de los fallos del dictamen inicial del Tribunal de Primera Instancia, entre ellos el abuso de su discreción al impedir que el Estado Libre Asociado de Estados Unidos presentara argumentos de índole constitucional.
El segundo error consistió en declarar válido el acuerdo de 2012 a pesar de que la prueba demostró la existencia de falseamientos de hechos materiales y la inexistencia de un sobre pago de contribución sobre ingresos por Doral Bank por la suma reclamada.
El tercer error apuntado se refiere al haber denegado el Tribunal de Primera Instancia una moción urgente para reconsiderar la sentencia dictada.
El último error apunta la determinación de ese tribunal de no evaluar si el acuerdo era beneficioso para el Gobierno de Puerto Rico a pesar de que la controversia se circunscribía "a evaluar la validez de un contrato gubernamental que involucra el desembolso multimillonario de fondos públicos, violentando así la Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico".
La sentencia del Tribunal de Apelaciones llega en una semana de malas noticias para la entidad financiara, que además de recibir una notificación del FDIC y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por la que se le prohíbe llevar a cabo una serie de operaciones fue noticia por la detención de dos personas, una directiva y un contratista, por defraudar 2,3 millones de dólares a la entidad.
El próximo viernes el FDIC podría, incluso, suspender, dada su crítica situación, las operaciones de la entidad y distribuir sus negocios a otros bancos locales.
Doral Bank remitió a Efe unas declaraciones escritas en las que asegura que se encuentra en proceso de presentar un plan de capital, pero que por tratarse de una corporación pública no se harán comentarios "sobre rumores del mercado".