Bruselas, 26 may (EFE).- El Ecofin ha pedido que el Servicio Jurídico del Consejo emita una opinión después de que el BCE y algunos ministros criticaran las decisiones de la CE de recomendar un año extra para España y Portugal para rebajar el déficit y la forma "política" en que aplazó la decisión sobre una eventual multa.
Fuentes comunitarias han indicado hoy a Efe que la petición no se refiere al aplazamiento a julio de la decisión de una posible multa, sino al año adicional que la Comisión Europea (CE) ha recomendado para estos países, aunque el caso español ha despertado más inquietud.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dijo el miércoles que él y algunos otros ministros dijeron que, si la CE entiende su papel más políticamente, "no deberían tomarse este tipo de decisiones por la Comisión, porque debilita la credibilidad" de las reglas de disciplina fiscal.
Explicó que esto también lo ha criticado el Banco Central Europeo (BCE) y que asimismo se ha apuntado que la propuesta de la CE para Portugal y España de darles un año más para situar el déficit por debajo del 3 % del PIB, en 2016 y 2017, respectivamente, "no se ajusta al Derecho europeo".
En opinión de Schäuble, la CE debería decidir sobre el procedimiento por déficit excesivo, es decir sobre la multa, antes que emitir las recomendaciones por país y aconsejar un año adicional.
No obstante, recalcó que la CE "puede hacerlo, porque no hay un momento específico en el que tiene que tomar esta decisión".
"Dar la impresión de que no se quiere tomar una decisión -probablemente por una cita electoral- no contribuye a reforzar la credibilidad" de las reglas, criticó.
Según las fuentes, la Presidencia holandesa de turno del Consejo de la UE decidió que se volvería a tratar este asunto en junio.
Schäuble afirmó hoy de nuevo ante periodistas extranjeros que su país no está "contento" con la decisión, aunque subrayó que se trata de una decisión que ha tomado la CE dentro de sus competencias y que el gobierno alemán respeta.
El ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, admitió el miércoles que hay "algunas preocupaciones sobre la credibilidad, sobre cómo aplicamos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para mantener a todos los países miembros en la senda (de consolidación) acordada".
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, admitió en la misma ocasión que "hay mucho debate" al respecto, pero recalcó que la decisión se tomó teniendo en cuenta "consideraciones que van más allá de las inmediatas del procedimiento por déficit excesivo".
En opinión de la CE, "no era ni el momento político ni económico adecuado" para tomar la decisión, explicó el pasado día 18 el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
España tiene nuevas elecciones generales el 26 de junio.
Dombrovskis reiteró además que "hay una opinión clara del Servicio Jurídico de la CE de que está dentro de su mandato tomar estas decisiones en julio".
La portavoz comunitaria de Asuntos Económicos y Financieros, Annika Breidthardt, subrayó hoy que la decisión de la CE "es jurídicamente sólida", y aseguró que el Ejecutivo comunitario aplica el PEC con "discreción política y legal que las reglas prevén", que incluye asegurar que las "especificidades de cada situación se tengan en cuenta al tiempo que se garantiza un trato igualitario".
Ante la petición de una opinión jurídica al Consejo de la UE, dijo que "realmente no estamos preocupados".
"Tenemos la libertad de emitir recomendaciones específicas por país y aplicar el PEC con cierto sentido de sensibilidad", añadió.
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