Madrid, 12 nov (.).- El abogado que presentó el recurso que ha llevado a la modificación de la ley sobre el impuesto de las hipotecas, Ramón Casero, ha defendido hoy que sí hay lugar para reclamar al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial a los titulares de hipotecas.
"Si el Reglamento (del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de 1995) ha sido declarado nulo de pleno derecho, esto va a dar lugar a la retroactividad famosa", ha defendido hoy el profesor de Derecho Financiero y Tributario de Icade (PA:ICAD).
En su opinión, una vez que el reglamento fue declarado nulo por la sala segunda del Supremo "automáticamente supone que existe recorrido para iniciar un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado".
Casero es el abogado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, que ha logrado que el Supremo diera inicialmente un vuelco a la doctrina que mantenía desde hacía 23 años sobre quién ha de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En octubre la sala segunda del Supremo emitió una sentencia que establecía que debían ser los bancos los que pagaran ese impuesto, y no los suscriptores de hipotecas.
Sin embargo, a primeros de noviembre la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rectificó y consideró que debía seguir recayendo sobre los clientes.
En cualquier caso, al día siguiente el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para que finalmente sean los bancos los que asuman a partir de hoy el pago de ese impuesto.
Aunque el letrado ve posible reclamar indemnizaciones al Estado por mala regulación para los clientes que han pagado este impuesto, reconoce que los recursos podrían ser desestimados si se aplica la última doctrina expresada por el Supremo, que considera que el cliente es el sujeto pasivo del impuesto.
"Habrá que leer primero la sentencia del 6 de noviembre (que aún no se ha hecho pública), pero el daño ya está hecho. Desde el momento en que declaró nulo el reglamento, se dio lugar a indemnizaciones por daños y perjuicios", ha defendido durante su intervención en la mesa redonda.
Casero, que cuenta con tres sentencias a favor de sus argumentos y otras tres en contra, considera que hay que seguir intentando "por vías extraordinarias" y pese al "estrecho recorrido judicial" aún disponible, que estas últimas sean corregidas.
Al respecto, considera que ha sido cuestión de "suerte" que la sala segunda le diera la razón y argumenta que en parte se debe a que la mayoría de los magistrados eran nuevos y no se contradecían a sí mismos si modificaban la doctrina histórica del Supremo, lo que permitió que emitieran una sentencia a su juicio "correctísima".
Aquella sentencia es "acertada y nada populista", en su opinión, porque restablecen correctamente la doctrina sobre quién debe pagar el impuesto, ya que en España se llevan "23 años con una doctrina cogida por los pelos que no era correcta".
En su opinión no hay duda alguna de que los bancos van a trasladar a los clientes el coste de este impuesto, lo que explica en parte que el Gobierno haya decidido también determinar que no se pueda deducir del impuesto de sociedades.
"El Gobierno está intentando que no haya traslación sancionando o agravando la deducibilidad del impuesto; pero traslación seguro que va a haber, en mayor o menor medida en función de las fuerzas del mercado", ha dicho.
Además, ha recordado que hasta que no se firma ante el notario el banco siempre puede modificar las condiciones de la hipoteca, siempre que haya transparencia y negociación entre las partes.
Para quienes vayan a negociar a partir de ahora una hipoteca considera que "va a ser difícil" saber si el banco les ha repercutido de alguna manera ese coste.