Por Blanca Rodríguez
MADRID (Reuters) - El candidato socialista Pedro Sánchez oficializó el miércoles con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su acuerdo para tratar de ser presidente del Gobierno con la firma de un documento que incluye un nuevo impuesto para los más ricos y medidas en el ámbito laboral y educativo defendidas por los liberales.
El extenso documento firmado por Sánchez y Rivera, dividido en siete capítulos y que suma 66 páginas, pretende "combinar economía de mercado y estado social, igualdad de oportunidades y seguridad para sus ciudadanos" a través de 200 reformas, según proclaman en sus intenciones.
Bajo el título "Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso", el texto recoge medidas tanto en el ámbito económico como social, educativo o administrativo, y defiende entre otras cosas reformar el sistema electoral, reformar el Senado, preservar la unidad del país e impedir un referéndum catalán.
Su objetivo de reformar España y acometer una "segunda transición" tiene por el momento pocas posibilidades de salir adelante, dado que la suma de sus diputados no alcanza para hacer presidente a Sánchez y el camino para convencer a otras fuerzas y evitar la celebración de nuevas elecciones está lleno de obstáculos.
Las medidas pactadas se añaden a las aceptadas el martes por Sánchez y propuestas por Rivera, que pasan por una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos, reducir a la mitad el número de firmas para las iniciativas populares, avanzar en la despolitización de la justicia, suprimir las diputaciones y limitar los mandatos al frente del Gobierno a ocho años.
REFORMA FISCAL INTEGRAL
El documento conjunto presentado el miércoles habla de una reforma integral del sistema tributario que se incluiría en los presupuestos para 2017, que pasaría fundamentalmente por ampliar las bases imponibles desplazando la carga tributaria hacia la riqueza, planteando la posibilidad de crear un impuesto extraordinario para las grandes fortunas.
El impuesto de sociedades también sufriría una gran modificación eliminando previsiblemente bonificaciones y exenciones para acercar los tipos efectivos a los nominales.
En lo que se refiere a las grandes figuras impositivas, el IRPF no subiría, e incluso se reduciría si la situación lo permite, mientras que el IVA cultural se bajaría al 10 por ciento desde el 21 por ciento actual.
Los dos partidos prevén armonizar en todo el país el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio, dependientes de las Comunidades Autónomas (CCAA) estableciendo horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio.
Ambos partidos apuestan por endurecer la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y prevén entre otros puntos exigir los 2.800 millones de euros que calculan se dejaron de ingresar al cobrar el 3 por ciento en lugar del 10 por ciento a los que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular.
Además de mejorar los ingresos ante la baja recaudación fiscal española, se prevé adoptar medidas que permitan reducir el gasto público al mejorar su eficiencia mediante la eliminación de duplicidades administrativas.
Dentro de su compromiso con la estabilidad presupuestaria, el texto aspira a situar el déficit por debajo del 3 por ciento el próximo año, en lugar de en 2016 como se pactó con Bruselas, tras una negociación con las autoridades europeas.
MERCADO LABORAL Y AUTÓNOMOS
Con la propuesta de una subida del uno por ciento en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y complemento salarial garantizado, el acuerdo no contempla el contrato único que buscaba Ciudadanos.
Sin embargo, incluye un contrato temporal por un máximo de dos años con indemnización creciente, muy similar al defendido por Rivera.
También atiende su pretensión crear un fondo que se hará cargo del pago de 8 días de antigüedad en indemnizaciones por despido o para acumular en la jubilación si no hay cese.
El documento recoge numerosas reivindicaciones realizadas por los autónomos y defendidas por Ciudadanos, como el establecimiento de un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales, o la introducción de una cotización reducida de 45 euros para los que no ingresen más del salario mínimo interprofesional.
El nuevo Gobierno que quieren lograr prevé además dar prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión, reconociendo entre otras cosas un ingreso mínimo vital y creando un complemento salarial garantizado. El documento recoge además una subida del salario mínimo interprofesional de al menos el 1 por ciento.
MERCADOS Y ENERGÍA
En materia de mercados, la propuesta incluye una revisión de los sectores con concentración empresarial y una reforma de la autoridad de competencia en busca de una mayor independencia así como una serie de cambios para mejorar la supervisión financiera y una reforma de la legislación de consumo para proteger a los ciudadanos.
También propone novedades en materia de gobierno corporativo para reforzar el papel de los accionistas, buscar representación de trabajadores en grandes empresas y dotar de transparencia las estructuras de remuneración de altos directivos y consejeros.
En el ámbito de la contratación pública, quieren reformar la ley de contratos para garantizar la máxima concurrencia y transparencia, reservar una parte del gasto público a Pymes y revisar los procedimientos de las concesiones públicas y de colaboración público-privada.
La transición energética es otro de los principales puntos del acuerdo en busca de un gran pacto de estado con una nueva ley de cambio climático, una comisión para gestionar el escenario de reducción de emisiones, obligaciones de información sobre riesgos de carbono e impacto climático en empresas cotizadas.
Se propone reformar el mercado eléctrico y el decreto de autoconsumo y la creación de un fondo verde para la transición energética, con dotaciones de la nueva fiscalidad medioambiental.
Los dos grupos proponen una moratoria para el "fracking" y una restricción de las autorizaciones d nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos así como un cierre progresivo de las centrales nucleares con 40 años.