Madrid, 19 sep (.).- La mayoría del Congreso ha aprobado hoy una proposición que pide al Gobierno que lleve a cabo medidas para posibilitar que los municipios con fuertes incrementos en los precios de alquiler puedan, en coordinación con las Comunidades Autónomas (CCAA), regular los alquileres abusivos.
La proposición no de Ley presentada por En Comú Podem ha salido adelante en el pleno del Congreso por 166 votos a favor, 155 en contra y 7 abstenciones, y después de que la iniciativa haya sido pactada con el grupo parlamentario socialista.
La propuesta persigue dar mayores garantías a las personas arrendatarias y a los pequeños propietarios y crear un parque público de alquiler.
Solicita modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para mejorar las garantías judiciales de las personas arrendatarias de buena fe con el fin de que puedan presentar oposición al desahucio.
También para ampliar el límite legal para prorrogar la duración del contrato de alquiler, de tres a cinco años, y para reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al Índice de Precios de Consumo (IPC).
Asimismo, la proposición no de Ley insta a incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que en estos momentos está elaborando el Ministerio de Fomento y Vivienda, ayudas al alquiler en función de la renta (para sectores amplios de la población, no únicamente para jóvenes), así como ayudas para incentivar que pequeños propietarios pongan sus viviendas alquileres asequibles.
Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea también instan al Ejecutivo a que, sin perjuicio de las competencias forales, se revise la fiscalidad y condiciones legales de las SOCIMIS (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), a fin de vincularlos a la promoción de vivienda de alquiler asequible, preservando la función social de la misma.
Igualmente, el pleno del Congreso ha aprobado impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores, prioritariamente, la SAREB y las entidades financieras, que no estén cumpliendo su función social.
Además, que se incorporen mecanismos legales que obliguen a que los inmuebles residenciales desocupados, propiedad de grandes propietarios, formen parte del parque público de alquiler.
Por último, incrementar la dotación presupuestaria destinada al programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler, con el objetivo de duplicar el número de actuaciones previstas durante la vigencia del próximo Plan de Vivienda, en comparación con el anterior.