Atenas, 14 feb (EFE).- El Gobierno griego se muestra optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los socios europeos pese a las reticencias que muestra Bruselas, mientras trabaja a contrarreloj para preparar sus posiciones ante el Eurogrupo del próximo lunes.
Tras una reunión maratoniana con sus colaboradores más cercanos del primer ministro, Alexis Tsipras, fuentes gubernamentales citadas por la prensa local dijeron que el Ejecutivo mantiene la esperanza de progresar en las negociaciones frente a las voces europeas escuchadas en las últimas horas.
El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker subrayó su inquietud por la situación de Grecia y señaló que "aún queda mucho por hacer" hasta la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro.
El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, se declaró "pesimista" sobre la posibilidad de que el lunes se encuentre una fórmula para garantizar la financiación de Grecia, una vez concluya el programa de asistencia el próximo 28.
En el Eurogrupo del pasado miércoles, Tsipras y Dijssebloem acordaron retomar de inmediato las conversaciones técnicas entre Atenas y las tres instituciones internacionales que forman la conocida como troika: la CE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para lograr este ansiado pacto, Tsipras reunió ayer a su equipo más cercano formado por el viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, el ministro de Exteriores, Nikos Kotziás, y el de Finanzas, Yanis Varufakis, encuentros que se intensificarán durante el fin de semana para perfilar la posición de Grecia en el Eurogrupo, apuntaron estas fuentes.
El primer ministro informó de forma detallada a su equipo de lo ocurrido durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) del pasado jueves y, según las citadas fuentes, dijo que hubo un buen clima de negociación.
Atenas acude al próximo Eurogrupo sosteniendo la propuesta de un acuerdo puente que se financie a través del aumento de la subasta de Letras del Tesoro en 8.000 millones de euros -actualmente el límite es de 15.000 millones- y con los 1.900 millones que el Gobierno reclama al BCE, procedentes del rendimiento de los bonos griegos.