Nueva York, 29 sep (EFE).- El juez de Nueva York Thomas Griesa declaró hoy a Argentina en desacato por sus intentos de violar la cláusula de pago simultáneo a los bonistas y se reservó el derecho a imponer sanciones.
Al justificar su fallo, el magistrado estadounidense también consideró en desacato el intento de las autoridades del país latinoamericano de llevar el caso a la ley argentina con su última propuesta de reestructuración.
Durante la vista celebrada en un tribunal de Manhattan, Griesa aseguró que Argentina "ha evitado, intentado no cumplir y casi ignorado" las órdenes del juzgado, motivo por el que decidió declarar al país "en desacato".
En cuanto a las posibles sanciones económicas a las que se enfrenta Argentina por este desacato, el juez se reservó la decisión para más adelante pese a que los fondos especulativos habían pedido que fuera de unos 50.000 dólares diarios.
La cláusula "pari passu" ordenada por Griesa el 23 de febrero de 2012 no permitía a Argentina pagar a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 sin hacer un pago equivalente a los tenedores de bonos no reestructurados, los llamados fondos "buitres".
Sin embargo, el Gobierno argentino giró el pasado 26 de junio aproximadamente 1.000 millones de dólares a los bonistas reestructuados, algo que fue bloqueado por el magistrado.
De esos 1.000 millones, poco más de la mitad (unos 534 millones) quedaron en el agente de pago contratado por Argentina para estos bonistas, el Bank of New York Mellon (BoNY), que acató la orden del juez Griesa
En una nueva propuesta de reestructuración planteada por el Ejecutivo de Cristina Fernández, Argentina intentó cesar al BoNY como agente de pago y trasladar esa responsabilidad a la entidad pública Nación Fideicomiso.
Precisamente hoy el Gobierno argentino, a través de su embajadora en Washington, envió una carta a las autoridades estadounidenses en la que consideraba "inconcebible" que un juez de este país pudiese declarar a un Estado extranjero en desacato.
En esa misiva, Argentina advierte de que cualquier decisión que frustre la reestructuración supondría "una ilegítima injerencia en los asuntos internos del país y comprometería la responsabilidad internacional de Estados Unidos".