Estrasburgo (Francia), 9 mar (EFE).- La Eurocámara acogió hoy con tibieza la propuesta comunitaria para equiparar la remuneración de los trabajadores desplazados y locales, ya que mientras los partidos de centroderecha creen que puede dañar la competitividad, los de centroizquierda critican que no vaya más lejos.
El pleno del Parlamento Europeo (PE) debatió hoy por primera vez la propuesta de revisión de la directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores, presentada el martes por la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Capacitación y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen.
Mientras los europarlamentarios de centroderecha expresaron su preocupación por su impacto en la competitividad y en las pymes, los de centroizquierda consideraron que la propuesta no es lo bastante ambiciosa.
La propuesta será debatida por el PE y el Consejo (estados miembros) en los próximos meses, antes de su adopción final, por codecisión entre ambas instituciones.
En la misma línea, el martes se mostraron críticos con la propuesta la patronal y los sindicatos europeos.
Mientras la patronal BusinessEurope cree que no es necesaria la revisión de la normativa para garantizar una competencia justa en el mercado único porque "la actual normativa garantiza que se apliquen unos salarios mínimos y otras condiciones", la Confederación Europea de Sindicatos (CES) dice que con la iniciativa de la CE "muchos trabajadores desplazados nunca conseguirán un mismo salario".
La Comisión Europea ha propuesto equiparar la remuneración de los trabajadores que se desplazan temporalmente a otro país europeo y la de los autóctonos, para combatir las diferencias salariales y la competencia desleal.
La medida, que se enmarca en la revisión de la directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores, de 1996, pretende terminar con las prácticas injustas y crear un marco jurídico "claro, justo y sencillo".
La actual normativa, según dijo el martes la comisaria, ya no se ajusta a la realidad del mercado laboral, "y eso hace que una herramienta que pretendía facilitar la prestación de servicios entre países, sea vista por algunos como un instrumento que crea una competencia injusta y un dumping social".
La propuesta actualizará la directiva que únicamente obliga a la empresa a aplicar el salario mínimo (si existe), y las normas en materia de salud y de seguridad.
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