Alba Santandreu
Sao Paulo, 16 oct (EFE).- Las empresas españolas siguen con atención la crisis económica y política de Brasil y "sufren" con las turbulencias que atraviesa la mayor economía de Latinoamérica, pero las apuestas por el país se mantienen, según dijo a Efe el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Rial.
Rial, también presidente del Consejo de Administración del Santander (MC:SAN) Brasil y que asumirá la presidencia del banco brasileño en enero, admitió que la situación económica del país suramericano está afectando a las empresas de todos los sectores, aunque precisó que el "impacto no es tremendo".
De acuerdo con el ejecutivo, las compañías españolas en Brasil son conscientes de que 2016 será un año "desafiante", pero matizó que no hay empresas queriendo salir del país porque la apuesta es "a largo plazo".
"Las empresas siguen queriendo estar. No abres mano de un mercado de 200 millones de personas. Brasil está entre las diez mayores economías del mundo, por tanto la visión es a largo plazo y una crisis es a corto plazo", agregó.
Brasil se encuentra sumergido en una recesión técnica y, si se cumplen las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), su economía se contraerá este año casi un 3 %, el peor resultado en los últimos 25 años.
El titular de la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil resaltó que uno de las grandes desafíos que las empresas tienen es la "volatilidad cambiaria", aunque confió que en 2016 habrá una mayor estabilidad con la esperada aprobación de las medidas de ajuste fiscal lanzadas por el Ejecutivo para reequilibrar las cuentas públicas.
El diagnóstico es compartido por el presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara y vicepresidente de Arteris (del grupo Abertis (MC:ABE)), Felipe Ezquerra, quien cree que la crisis económica tiene un doble efecto sobre las compañías de este sector.
Por un lado, Ezquerra señaló que las empresas vinculadas a la construcción civil se enfrentan a un escenario "con muchos desafíos", debido, principalmente, a la reducción de los presupuestos por parte del Gobierno y de los estados.
Pero, por otro, indicó que la débil situación económica en la que se encuentra sumergida Brasil ha estimulado la participación de las empresas privadas a través de mecanismos como el nuevo Programa de Inversión Logística (PIL).
El programa fue lanzado este año por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y contempla inversiones por 198.400 millones de reales (unos 52.210 millones de dólares).
Ezquerra también abordó la paralización del tren de alta velocidad en Brasil, un proyecto estrella anunciado durante el Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero que no llegó a salir del papel.
Debido a su elevado coste y su alto nivel de complejidad, Ezquerra consideró "lógico" que, en medio de la desaceleración económica, el Gobierno esté dando prioridad a otro tipo de inversiones en materia de infraestructura.
Las pymes españolas afincadas en Brasil también han sentido la desaceleración de la economía y la caída del consumo, uno de los principales motores del país en la última década.
De acuerdo con el presidente del Comité de Pymes de la Cámara, Fernando Flores, el escenario al que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas en Brasil "no es el más deseable", pero, según explicó, "este tipo de compañías están acostumbradas a lidiar con situaciones complejas".
Flores reconoció que el número de pymes interesadas por Brasil se ha reducido respecto a otros años, pero recalcó que las empresas que llegan están "más preparadas y con más perspectiva de éxito".
Además de la delicada situación económica, el país suramericano atraviesa una crisis política, que en las últimas semanas se ha intensificado con los pedidos, por parte de algunos sectores de la oposición, para la apertura de un juicio con fines de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff.
Rial señaló que los empresarios españoles están atentos a esta situación y recalcó que, si no se llega a una solución, la economía podría empeorar y la situación impactaría en las compañías.
El ejecutivo consideró que la apertura de un proceso con miras a la destitución de la presidenta sería "prematuro" e "incluso irresponsable" y recalcó la necesidad de un entendimiento entre el Congreso y el Legislativo para llevar a cabo las reformas económicas.