Remei Calabuig
Atenas, 15 abr (EFE).- Mientras continúan las negociaciones con los socios para alcanzar un acuerdo sobre las reformas, el Gobierno griego ha puesto en marcha la tramitación de nuevos proyectos de ley, algunos de los cuales despiertan reticencias entre los acreedores.
Desde que llegó al Gobierno a finales de enero, el izquierdista Syriza emprendió la renegociación de las reformas con las instituciones que antes formaban la troika -la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y paralelamente empezó a legislar sobre las medidas que consideraba más urgentes.
A finales de marzo, el Parlamento griego aprobó la ley para hacer frente a la crisis humanitaria, un compendio de ayudas sociales básicas como alimentación, electricidad, sanidad y vivienda, para los más golpeados por la crisis.
Era uno de los puntos más importantes del programa electoral de Syriza y se aprobó con el respaldo de la mayoría de los partidos.
Esta ley incluía como enmienda una amnistía fiscal que en dos semanas consiguió recaudar 147 millones de euros.
Días después, la Cámara también dio luz verde a una ley para ampliar el grupo de personas que puede acogerse a pagar a plazos sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social y con la que el Ejecutivo de Alexis Tsipras pretende mejorar la liquidez del Estado.
Ahora, cuando las negociaciones con los socios atraviesan un punto "crítico", como reconocieron ayer varios ministros del Gobierno, la tarea legislativa no cesa.
Se ha abierto el periodo de tramitación para la recontratación de funcionarios y la protección de los desahucios.
El anterior gobierno del conservador Andonis Samarás despidió a miles de empleados públicos de común acuerdo con los acreedores.
Este proyecto de ley recoge la readmisión de unos 3.900 empleados públicos, cuyos despidos fueron declarados anticonstitucionales por los tribunales, y que forman parte de los 15.000 funcionarios que, según los presupuestos del Estado, van a ser contratados este año.
La intención del Gobierno es también aumentar la protección frente a los desahucios de las primeras viviendas, valoradas en menos de 300.000 euros y cuyos dueños tengan unos ingresos anuales menores a 50.000 euros.
El BCE se ha opuesto, porque considera que supone un "riesgo moral" y socava la cultura del pago, ya que "amplía significativamente" los criterios sobre el valor de la propiedad, los ingresos anuales y el valor inmobiliario.
Por otro lado, la propuesta de poner de nuevo en vigor los convenios colectivos es todavía un borrador de ley que el ministro de Trabajo, Panos Skurletis, presenta hoy a los agentes sociales y que se prevé que llegue al Parlamento este mismo mes.
El texto restituye las negociaciones entre sindicatos y patronal así como la legislación laboral de 2012, que fueron eliminados por ley ese mismo año, como parte del acuerdo del segundo rescate.
Este borrador no incluye la subida progresiva del salario mínimo interprofesional de los 586 euros mensuales brutos actuales a los 751 euros, que se completará en julio de 2016, según Skurletis.
Los acreedores no ven con buenos ojos esta iniciativa, pues defienden que puede producir déficit en las cuentas públicas.
En 2012 la troika impuso la reducción del salario mínimo y exigió la liberalización completa del despidos en el sector privado, uno de los puntos que hizo fracasar las negociaciones con el Gobierno de Samarás y que persiste ahora en las conversaciones con Syriza.
También están en curso, concretamente en debate en las comisiones parlamentarias, los proyectos para la reapertura de la antigua radiotelevisión pública (ERT), que prevé la readmisión de los cerca de 2.600 trabajadores despedidos, y la lucha contra la violencia en los campos de fútbol, a raíz de los graves incidentes en un encuentro entre el Panathinaikos y el Olympiacos en febrero.
De éstos el proyecto más avanzado en tramitación es el de la abolición de las cárceles de máxima seguridad, cuya votación está prevista para el viernes, y que desde hace dos semanas ha provocando que un grupo de anarquistas ocupe la Universidad de Atenas exigiendo el cierre de estos centros.
El Ejecutivo ha adelantado, además, que en breve presentará otro proyecto de ley para conceder la ciudadanía a inmigrantes de segunda generación, un asunto del que su socio de Gobierno, el nacionalista Griegos Independientes, no es partidario, por lo que Syriza podría verse obligado a buscar apoyos en otras fuerzas políticas.