San Juan, 8 jun (EFE).- Las entidades públicas de Puerto Rico deberán pagar sus deudas a la compañía eléctrica estatal que ejerce el monopolio en la isla y que lleva meses negociando con sus acreedores para tratar de evitar una declaración de quiebra, según un proyecto aprobado hoy por el Senado de la isla.
El texto aprobado reforma los subsidios energéticos y obliga al Gobierno a pagar sus deudas con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que superan los 270 millones de dólares.
La nueva ley crea además un nuevo marco jurídico de reglas y principios que rigen los subsidios energéticos, para que "estén a la par con la realidad económica y fiscal que atraviesa" la isla.
La medida enmienda e impone controles de fiscalización a los subsidios energéticos vigentes y propone que, en adelante, todo subsidio para energía eléctrica y servicios de agua que pretenda legislarse tenga una fuente de devolución que no sea la propia AEE o sus abonados.
Además, crea los mecanismos para que Gobierno y corporaciones públicas comiencen a pagar sus deudas, que hasta 2014 eran de 270 millones de dólares.
"Hoy es un día histórico", dijo el autor de la medida y presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado, Ramón Luis Nieves, quien considera que con esta iniciativa "se atiende la precaria situación fiscal de la AEE y a su vez se alivia a los clientes no subsidiados de la obligación de financiar los llamados subsidios legislados".
En este sentido recordó que "durante décadas, se aprobaron subsidios para beneficiar sectores tales como el industrial, el turístico, residentes de residenciales públicos e iglesias y entidades sin fines de lucro sin establecer parámetros claros en cuanto a su duración, resultados y fiscalización y sobre todo, sin considerar sus efectos a largo plazo".
Los subsidios tuvieron un costo de casi 82 millones de dólares en 2013, según la AEE. A esa cantidad se le añade el impacto de los subsidios industriales, que excede los 30 millones anuales y la deuda de 25 millones con la AEE de los residenciales públicos.