Bruselas, 16 jul (.).- España se encuentra entre los países de la Unión Europea con un menor peso de los impuestos 'verdes' en su sistema fiscal, unos gravámenes que la Comisión Europea ha recomendado subir al Gobierno español como parte de la reforma fiscal que prometió en su plan de recuperación.
Según datos de la oficina estadística Eurostat publicados este martes, España recaudó aproximadamente 20.500 millones de euros con impuestos medioambientales en 2022, que engloban los cargados sobre la energía, el transporte, la contaminación y los residuos y suponen un 1,52 % de su PIB y el 4 % de la recaudación total en ese año.
Respecto al primer dato, sólo tres socios del bloque tuvieron menos recaudación a través de gravámenes 'verdes' en relación al tamaño de su economía: Irlanda (0,87 %), Luxemburgo (1,23 %) y República Checa (1,48 %). Las cifras de España se sitúan, además, a medio punto porcentual de la media de la UE, del 2 %.
En relación a la recaudación, los impuestos verdes en España representan el 4,05 % del total, un porcentaje que sólo supera a los de Luxemburgo (3,19 %) y Alemania (4,01 %) en una clasificación muy desigual que lideran Bulgaria, Grecia y Rumanía, los tres por encima del 10 %.
Además, el último anuario sobre fiscalidad publicado recientemente por la Comisión Europea sitúa a España dentro del numeroso grupo de Estados miembros que han reducido la fiscalidad medioambiental durante la última década. Entre 2013 y 2022, la recaudación con estos impuestos sobre el total ha caído en casi dos puntos, desde el 5,8 % de ese año.
Dentro de los impuestos medioambientales, España recauda la gran mayoría a través de los gravámenes sobre la energía (16.555 millones en 2022), frente a los 3.012 millones que ingresa por impuestos sobre el transporte - excluidos los impuestos sobre combustibles - y a los 962 millones por contaminación y residuos.
Casi la mitad de esta recaudación recae sobre los hogares españoles, mientras que la otra mitad se reparte en pesos similares entre la industria, la construcción y la minería, por un lado, y los servicios, por otro, según Eurostat.
En las últimas recomendaciones económicas a España, publicadas recientemente, el Ejecutivo comunitario instó al Gobierno a completar la reforma fiscal comprometida en el plan de recuperación y señaló que el país "tiene margen para recaudar más ingresos tributarios relacionados con el medio ambiente", en particular "reforzando la aplicación del principio 'quien contamina paga'".
Las autoridades comunitarias también quieren que España reduzca la lista de productos que se benefician de tipos reducidos en el impuesto del IVA para aumentar la recaudación de manera permanente y contribuir así a cerrar el déficit que tiene en las cuentas públicas
Sin embargo, tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han defendido que España ya ha cumplido con los compromisos relacionados con la reforma fiscal que forman parte del plan pactado con Bruselas.
Los compromisos fiscales forman parte del quinto desembolso del plan de recuperación, que España tendría que haber solicitado a la Comisión Europea a finales de 2023 pero que se ha retrasado a medida que los esfuerzos se centraban en obtener el cuarto pago.
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