San Juan, 6 ago (EFE).- La agencia Fitch apoyó hoy la propuesta del comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de que el capítulo 9 de la Ley de Quiebras de EE.UU. se extienda a la isla caribeña, que arrastra una deuda de más de 72.000 millones de dólares.
Fitch informó a través de un comunicado de que la extensión a la isla de las disposiciones del capítulo 9 de esa ley sería un avance para Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., y los tenedores de deuda de sus compañías públicas.
Pierluisi, representante ante Washington, presentó el pasado 31 de julio al Congreso de EE.UU. una propuesta para que el Legislativo puertorriqueño disponga del mismo poder que los estados del país norteamericano para autorizar la reestructuración de sus empresas públicas.
"Desde el punto de vista de las quiebras, la enmienda pondría Puerto Rico en pie de igualdad con los 50 estados, que pueden utilizar actualmente el Capítulo 9 para lograr el ajuste de la deuda de sus municipios", indica el comunicado.
La enmienda, que será examinada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., cuenta con el apoyo de la Conferencia Nacional de Bancarrota, según el comunicado de la agencia de clasificación.
El comunicado subraya que la combinación de problemas fiscales, debilidad económica y el acceso limitado a los mercados de deuda ha llevado al Gobierno del Estado Libre Asociado a un punto en el que se requieren decisiones cada vez más difíciles.
Recuerda Fitch que el pasado junio el Gobierno de San Juan promulgó la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (Ley 71), debido a la posibilidad de que no pueda continuar brindando apoyo financiero a sus corporaciones públicas.
El informe de Fitch apunta que esa ley es un esfuerzo para llenar el vacío resultante de la ausencia de una alternativa federal de quiebras.
El Estado Libre Asociado ha tratado por tanto de forjar su propio marco para la reestructuración ordenada de la deuda aplicables a sus empresas públicas, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, las dos principales corporaciones estatales de la isla.
Apunta el comunicado de la agencia estadounidense que esa ley está destinada a restablecer la solvencia a largo plazo, lo que implica la reestructuración de la deuda por medio de la suspensión de pagos evitando así el pago oportuno de capital e intereses durante la tramitación del procedimiento.
La nueva ley, según Ficth, sugiere un cierto grado de inseguridad jurídica con respecto a cómo Puerto Rico puede actuar en un momento de tensión financiera, por lo que la agencia volvió a degradar la clasificación de su deuda.
La extensión del Capítulo 9 del Código de EE.UU. no aliviaría el estrés financiero inmediato que enfrentan las corporaciones de la isla, pero aclararía las normas para la reestructuración alineándolos a un nivel federal, concluye.