Bruselas, 25 jun (EFE).- Grecia plantea en su última propuesta mantener la exención fiscal del 30 % del IVA sobre las islas y reducir el gasto en Defensa en 200 millones de euros, pese a que las instituciones piden eliminar el primer punto y ahorrar 400 millones en el segundo, según el documento al que ha tenido acceso Efe.
La propuesta fue elaborada por el Gobierno liderado por Alexis Tsipras como respuesta al texto de las instituciones acreedoras internacionales (CE, BCE y FMI), en el que Atenas detecta varios problemas que considera impedirán que el texto sea aprobado en su parlamento.
La contrapropuesta helena ha sido presentada a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona en su reunión extraordinaria de hoy, y después Tsipras la compartió con sus homólogos en la cumbre europea, pero todavía tiene que ser evaluada por las instituciones.
La propuesta de los acreedores y la de Grecia mantienen muchas similitudes, pero difieren en puntos clave.
En la reforma del sistema del IVA, Grecia plantea unos ingresos netos del 0,93 % del PIB anual, en tanto que las instituciones siguen pidiendo un 1 %, si bien acepta un tipo reducido del 13 % para alimentos, energía y agua.
Atenas rechaza incluir a los hoteles en los productos tasados con el 23 %, como piden las instituciones, aunque sí aceptan elevar a ese tipo el IVA para restaurantes y caterings.
En el plano de las reformas fiscales, el Gobierno de Tsipras no incluye la exigencia de las instituciones de eliminar el trato fiscal preferencial para agricultores, ni tampoco quiere lanzar el proceso de licitación para licencias 4G y 5G.
En los restantes puntos y salvo en lo que se refiere a la reducción del gasto en Defensa, Grecia y las instituciones no están ya tan alejadas, porque Atenas también acepta aumentar el impuesto de sociedades del 26 % al 28 %, frente al 29 % que proponía inicialmente.
Las instituciones aceptan por su parte la exigencia de Grecia de que los juegos de azar por Internet tributen al 30 % a partir de la segunda mitad del año y en 2016.
No obstante, Atenas insiste en introducir una sola vez un impuesto de sociedades del 12 % a los beneficios de más de medio millón de euros para lograr los objetivos presupuestarios de 2015, algo que las instituciones no ven con buenos ojos.
Igualmente quiere aumentar el impuesto sobre el tonelaje e implementar un marco fiscal "eficaz" para el transporte marítimo comercial.
Uno de los puntos donde existen mayores diferencias entre Atenas y las instituciones es en las políticas del mercado laboral, en las que la propuesta helena elimina las referencias de los acreedores a la revisión de la legislación sobre despidos colectivos y las movilizaciones laborales.
El Gobierno de Tsipras también rechaza la exigencia de que la organización y el calendario de las revisiones se pacten con las instituciones, y la limitación de que Atenas no legisle sobre los convenios laborales colectivos antes de finales de este año y sin consultar a los acreedores.
En cuanto a las pensiones, otro tema muy sensible, Atenas plantea retrasar cuatro meses, hasta el 31 de octubre, el comienzo de las reformas graduales que sus socios le demandan a partir del próximo miércoles, es decir del primero de julio.
En el documento griego también se menciona la eliminación de los incentivos para las jubilaciones tempranas y la adaptación gradual de la edad límite de jubilación a 67 años, aunque esta cifra está aún entre corchetes, lo que quiere decir que está sujeta a cambios.
Además retrasa de nuevo cuatro meses la aplicación de estas medidas a los que se jubilen a partir de finales de octubre.
Las instituciones querían que se aplicara a las personas que se retiren del mercado laboral a partir del mismo 30 de junio, en cinco días.
Asimismo, Grecia apuesta por "reemplazar", en lugar de "eliminar de manera gradual", las subsidios a los pensionistas de renta baja de cara a finales de 2018, un año antes de lo que pedido por las instituciones pero sin que Atenas se comprometa a iniciar estas medidas de manera inmediata.
El Gobierno griego insiste en apostar por aumentar las contribuciones sanitarias de los pensionistas del 4 % al 5 %, y no al 6 %, así como en restaurar las contribuciones de los empleadores a las pensiones y elevar las contribuciones suplementarias de las pensiones.