Atenas, 11 dic (EFE).- Grecia y los acreedores llegaron hoy a un acuerdo sobre un nuevo paquete de requisitos, cuya aprobación es necesaria para poder obtener un nuevo subtramo del rescate de 1.000 millones de euros, aunque dejaron para enero algunos puntos no resueltos.
El acuerdo será remitido mañana al Parlamento, donde será sometido a votación el próximo martes, como paso previo al visto bueno por parte del Eurogrupo.
En caso de que los socios de la eurozona den luz verde, el desembolso podría efectuarse el próximo día 18.
El nuevo paquete abarca 13 requisitos acordados entre el Gobierno de Alexis Tsipras y los representantes de la llamada cuadriga (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad) como parte de las reformas que acompañan al programa de rescate.
En esta lista había una serie de temas menos problemáticos, como medidas para luchar contra el contrabando de combustible, pero también algunos más espinosos, como la nueva tabla salarial de los funcionarios o la privatización parcial de la compañía de distribución de electricidad (ADMIE).
Hasta literalmente el último minuto quedó la negociación sobre la gestión de la cartera de deudas morosas de la banca griega y su venta a fondos privados, los denominados fondos "buitre".
Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo en lo que respecta a los préstamos vencidos de grandes empresas, pero dejaron para febrero la gestión de la cartera morosa de hipotecas que no están protegidas por ley, los créditos impagados de las pymes, y los de consumo.
El ministro de Economía, Yorgos Stahtakis, señaló al término de las negociaciones que este paréntesis tendrá vigencia hasta el 15 de febrero 2016, fecha para la que se habrá elaborado un nuevo marco regulatorio.
Según apuntan los medios citando fuentes de la negociación, el compromiso contempla que los fondos "buitre" que quieran adquirir estas carteras deberán tener su sede en Grecia y regirse por la legislación de este país.
Acuerdo hubo también sobre otro punto conflictivo de la negociación, la creación de un fondo de privatizaciones bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá sustituir al ya existente Taiped, entidad encargada de gestionar las privatizaciones.
El Gobierno y la cuadriga convinieron que el consejo de administración de este fondo estará compuesto por cinco personas, tres griegos y dos pertenecientes a las instituciones.
Por otro lado, las dos partes se pusieron de acuerdo para que el Estado mantenga el 51 % del capital de la compañía de distribución de electricidad ADMIE, que ahora forma parte de la sociedad pública de electricidad (DEI) y que será separada de ella.
Del 49 % que será privatizado, el 20 % se venderá a un inversor estratégico europeo y el 30 % restante se comercializará a través de la Bolsa de Atenas.
Fuera del paquete de requisitos había quedado ya previamente la reforma de las pensiones, la laboral y la eliminación de las exenciones fiscales de los agricultores.