Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ (Reuters) - La industria petrolera de Colombia rechazó el sábado un proyecto de reforma tributaria del Gobierno para prorrogar por cuatro años unos impuestos próximos a expirar y aumentar otros que pagan las empresas sobre sus beneficios, advirtiendo de que la iniciativa amenaza con afectar un sector clave de la economía.
El Gobierno colombiano presentó el viernes al Congreso una reforma tributaria con la que busca recaudar 53 billones de pesos (26.218 millones de dólares) para financiar su plan de gastos e inversiones entre el 2015 y el 2019.
La iniciativa busca extender el tributo del 0,4 por ciento sobre las transacciones financieras y establecer un "impuesto a la riqueza", que será cobrado a los patrimonios de las personas y empresas que superen los 494.600 dólares para reemplazar a uno similar que vence al cierre de este año.
El Gobierno también propuso cobrar una sobretasa del 3 por ciento al impuesto sobre los beneficios que generan las empresas, conocido como CREE, para ganancias superiores a 494.600 dólares anuales, que cubriría a unas 6.000 de las 300.000 compañías que operan en el país.
Actualmente, las empresas pagan un impuesto de 9 por ciento sobre sus beneficios.
"Hoy la contribución fiscal del sector está alrededor del 70 por ciento de su renta gravable, tanto en las actividades de exploración de hidrocarburos como en la distribución de combustibles líquidos", dijo la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) en un comunicado.
"Alterar la estructura tributaria afectaría el impulso que en los últimos cinco años el sector le ha dado al crecimiento de la economía colombiana", agregó.
El petróleo es el principal generador de divisas por exportaciones para la cuarta economía de América Latina y una importante fuente de ingresos fiscales por impuestos y pagos de derechos, con 15.829 millones de dólares anuales.
CAÍDA DEL SECTOR
Pero la renta petrolera ha venido cayendo por una reducción de la producción de crudo como consecuencia de los ataques de la guerrilla a la red de oleoductos, demoras en la expedición de licencias ambientales para las actividades de exploración y las protestas sociales contra las empresas del sector.
Por esa situación y para mantener su plan de inversiones sociales, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó a consideración del Congreso la reforma tributaria.
El mandatario tiene una amplia mayoría parlamentaria que le garantizaría la aprobación de la iniciativa, pese a las voces en contra de algunos empresarios.
Para la ACP son preocupantes las medidas anunciadas de gravar la inversión mediante la extensión del impuesto al patrimonio más una sobretasa.
"El impuesto al patrimonio, tal como fue concebido, grava la inversión en exploración, en un momento en el cual al país le urge incrementar las reservas de petróleo y gas para mantener su abastecimiento energético y lograr la sostenibilidad fiscal y económica", afirmó la ACP que consideró que la propuesta del gobierno es "aún más gravosa", frente a una inicial.
El gremio sostuvo que actualmente hay cerca de 145.000 barriles diarios de producción atrapada que pudieran incorporarse en meses si se agiliza la expedición de licencias ambientales, se superan las protestas que bloquean las operaciones y se frenan los ataques de la guerrilla que generarían importantes impuestos cobros de derechos.
"La industria de hidrocarburos considera que es indispensable mantener unas reglas de juego estables y competitivas para que este sector pueda seguir invirtiendo en pro de un abastecimiento energético sostenible y el desarrollo económico y social del país", concluyó.
Colombia, el cuarto productor latinoamericano de crudo, bombea actualmente menos de un millón de barriles diarios y tiene 2.445 millones de barriles de reservas probadas, que equivalen a 6,6 años de consumo.