Bruselas, 16 dic (EFE).- Las instituciones acreedoras están ultimando su análisis sobre el paquete de medidas aprobado ayer por el Parlamento griego -que incluye la venta de créditos morosos a los denominados fondos "buitre"- a cambio del desembolso de 1.000 millones de euros, que en principio se espera a finales de semana.
"Las instituciones están ahora en el proceso de finalizar el análisis de éste y otros pasos administrativos", afirmó hoy la portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Económicos y Monetarios, Annika Breidthardt en la rueda de prensa diaria de la institución.
Breidthardt señaló que la Comisión "toma nota" del voto llevado a cabo ayer en el Parlamento griego para adoptar las medidas del conocido como "segundo paquete de objetivos", y que ésta y el resto de las instituciones darán cuenta "pronto" a los socios de la eurozona sobre sus conclusiones.
Si el resultado del análisis es positivo, los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro y sus segundos podrán tomar la decisión de dar luz verde al desembolso de otros 1.000 millones de euros del tercer rescate concedido al país, que suma en total 86.000 millones de euros.
Fuentes comunitarias indicaron a Efe que en principio se espera que los segundos de Economía y Finanzas, reunidos en el conocido como Grupo de Trabajo del Euro, mantengan una teleconferencia mañana para analizar la cuestión y en su caso, dar el visto bueno al pago.
El voto en el Parlamento heleno fue precedido por un encendido debate de diez horas, en el que la oposición volvió a criticar al Ejecutivo liderado por Alexis Tsipras por tramitar las leyes importantes mediante el procedimiento de urgencia.
Las medidas aprobadas contienen 13 requisitos previos acordados con las instituciones entre los que figura la privatización parcial de la compañía de distribución de electricidad (ADMIE), la nueva tabla salarial del funcionariado y la creación de un fondo de privatizaciones, que será supervisado por Grecia y sus acreedores.
Respecto a la venta de las deudas morosas, tan solo se incluyen las relativas a empresas con una plantilla superior a 250 empleados y una facturación de más de 50 millones de euros al año, así como de viviendas secundarias.