Bruselas, 26 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) consideró hoy que España ha realizado "algunos avances" en las reformas y los ajustes exigidos por sus socios el año pasado, pero no ha tomado "medidas decididas" en ciertos ámbitos del mercado laboral y los progresos en materia de finanzas publicas "han sido escasos".
En el informe sobre España 2016 publicado hoy como documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, que incluye un examen sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicas, Bruselas reitera además que existen "riesgos de sobreestimación" de las perspectivas de crecimiento de la economía.
España cerró 2015 con un avance del 3,2 % del PIB, pero la CE cree que el crecimiento disminuirá en el futuro, aún siendo robusto.
La Comisión considera que la economía española puede verse afectada negativamente por una ralentización más pronunciada de lo previsto en algunas economías emergentes y "una desaceleración" en el programa de reformas.
El Ejecutivo comunitario reconoce que en los últimos años la economía española ha tenido un cambio de tendencia significativo, gracias, entre otras cosas, a las reformas desarrolladas en respuesta a la crisis.
La CE opina además que las reformas del mercado laboral "han aumentado la capacidad de reacción del empleo al crecimiento" y se espera que el empleo haya aumentado un 3 % en 2015, "gracias a la moderación salarial y al aumento de la flexibilidad introducida por las reformas del mercado laboral en años anteriores".
No en vano, aunque el desempleo disminuyó "a un ritmo récord" el año pasado, sigue estando entre los más elevados de la UE, por encima del 20 % de la mano de obra, recalca la Comisión.
Entre los avances que detecta la CE en el plano laboral, destaca el último marco sobre convenios de negociación colectiva, un "paso adelante en la fijación de los salarios", y que España también ha dado "pasos positivos" en el ámbito de las políticas activas.
Sin embargo, añade, no se han tomado medidas decididas para fomentar la participación en el mercado laboral y la movilidad regional, o para racionalizar los regímenes de renta mínima.
Para la CE, el desempleo aún elevado y el riesgo de exclusión del mercado laboral, en particular de los jóvenes y las personas escasamente cualificadas, "obstaculizan el ajuste y conllevan elevados costes sociales".
La Comisión subraya el "escaso incremento de la productividad", que causa que los aumentos de la competitividad se apoyen en las ventajas en costes, lo que afecta también a las condiciones laborales y la cohesión social.
En este sentido, advierte de que, "de prolongarse en el tiempo, entorpece la transición de la economía hacia un modelo de crecimiento más intensivo en conocimiento".
La CE afirma que, aunque España avanza en el ajuste de los desequilibrios, "sigue siendo problemático garantizar una senda equilibrada, duradera e integradora del crecimiento a largo plazo".
España es aún "vulnerable a las perturbaciones", dice la CE, en particular por la elevada deuda pública y privada, que se refleja en el altísimo nivel de pasivos externos netos y "expone al país a riesgos derivados de fluctuaciones de la confianza en el mercado y es una rémora para la economía", alerta.
En las finanzas públicas, Bruselas afirma que "los avances (...) han sido escasos", aunque se han adoptado algunas medidas para aumentar la transparencia en las finanzas de las Comunidades Autónomas.
Pero se han tomado solo pocas iniciativas destinadas a mejorar la relación coste-eficacia del sector sanitario y racionalizar el gasto farmacéutico hospitalario, añade.
También recalca que el déficit de las Administraciones Públicas disminuye esencialmente en un contexto de crecimiento dinámico, y lamenta que, pese a las herramientas para evitar y corregir las desviaciones en la Ley de Estabilidad de 2012, España no ha aplicado "ninguna de las medidas preventivas" previstas, pese a las recomendaciones de la Autoridad Fiscal Independiente.
En cuanto a este órgano, la CE ve además que algunos aspectos del marco regulador "obstaculizan su papel como entidad de supervisión", entre otras cosas porque no se exige a los destinatarios de las recomendaciones que expliquen públicamente los motivos para no tomarlas en consideración.