Sara Muñoz Vega
Madrid, 25 jul (.).- Unos 37.000 megavatios (MW) de proyectos renovables a los que se reconoció el acceso y la conexión a la red con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 corren el riesgo de perder este derecho al decaer la prórroga para obtener la autorización administrativa de construcción.
Sobre el papel, el plazo expira este mismo jueves, 25 de julio; sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han explicado a EFE que al ser festivo por el día de Santiago Apóstol en varias comunidades autónomas -Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco- se firmarán autorizaciones hasta el viernes, inclusive.
Impulso a renovables en pandemia
En plena pandemia, el Gobierno aprobó una batería de medidas en materia de energía que se concretaron en el real decreto ley impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100 % renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo.
En vigor desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, desde el 25 de junio de 2020, el texto establecía una serie de hitos administrativos para los proyectos renovables, con plazos temporales, en aras a agilizar el despliegue de energías limpias.
Los titulares debían ir acreditando el cumplimiento en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarían de forma automática y, en su caso, se procedería a ejecutar los avales económicos exigidos al solicitar la autorización.
En junio de 2023, otro despliegue de medidas, esta vez contra los efectos de la Guerra en Ucrania, amplió el plazo para que las instalaciones con permiso de acceso a partir del 1 de enero de 2018 pudieran acreditar su autorización administrativa de construcción (AAC, en el argot) a un máximo de 43 meses.
Tiempo después, el Ejecutivo incorporó, en su real decreto ley 'ómnibus' de finales de diciembre, novedades regulatorias con incidencia directa en el sistema eléctrico.
En concreto, el nuevo plazo, aplicable a las instalaciones que hubieran recibido el visto bueno para su acceso y conexión a la red hasta el pasado 29 de diciembre, daba seis meses más, hasta los 49, para conseguir la AAC.
Una decisión que contentó a los principales agentes de esta actividad, como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que lo vio como una "gran noticia para el sector, que veía las fechas de consecución de estos hitos como un riesgo para la viabilidad de proyectos claves para culminar la transición energética".
También fue celebrada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) debido a un ritmo de resolución de autorizaciones administrativas de construcción que estaba siendo "más lento del necesario".
Hasta esa última prórroga, había más de 8.000 MW eólicos pendientes de obtenerlas antes de finales de enero.
Millones de euros en juego
Fuentes consultadas por EFE explican que no es fácil saber, a ciencia cierta, cuántos MW todavía no han superado este trámite, entre otros motivos, por el decalaje temporal que existe en las resoluciones y su publicación en el BOE, que puede superar los diez días.
Por ejemplo, este lunes se publicaba la resolución de la Dirección General de Política y Minas, fechada el 10 de julio, que otorga a la sociedad Avutarda Solar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción para una instalación fotovoltaica de 50,16 MW de potencia instalada en Paracuellos del Jarama (Madrid).
UNEF habla de 30.000 MW -o lo que es lo mismo, 30 gigavatios (GW)- de energía solar fotovoltaica que se podrían quedar en el aire.
Además, a tenor de los últimos datos que maneja AEE, de mediados de este mes, habría más de 7.000 MW de potencia en proyectos eólicos que caducarían esta semana, de los cuales más del 61 % se tramitan por vía ministerial, y el 38 % restante, autonómica.
No obstante, son cifras provisionales y lo más seguro es que esa potencia pendiente de autorización administrativa de construcción se reduzca conforme se actualicen los registros.
La ratio empleada por el sector eólico para calcular las inversiones es de un millón de euros por cada MW, de modo que, sólo en este ámbito, correrían riesgo más de 7.000 millones de euros.
Estado general de tramitación de parques eólicos
Los datos de AEE sobre proyectos eólicos con permisos de acceso y conexión posteriores al 1 de enero de 2018 reflejan cómo, en total, han entrado en tramitación 60.157 MW, 25.119 MW de los cuales han recibido declaraciones de impacto ambiental positivas.
De esos 25.119 MW, en torno al 43 % cuenta con una autorización administrativa de construcción. Sólo se han construido 3.268 MW, equivalentes al 30 % de los MW con AAC reconocida.