San Juan, 25 jun (EFE).- La Legislatura de Puerto Rico logró hoy avanzar en el proyecto de ley que fija el presupuesto de 9.800 millones de dólares que regirá en la isla durante el próximo año fiscal, aunque aún quedan por debatir varias enmiendas, antes de que inicie el nuevo ejercicio la próxima semana.
Los legisladores de la isla apuraron el último día de la sesión para aprobar leyes que ayuden a afrontar el nuevo año fiscal, que inicia el próximo 1 de julio, y que llega con serios problemas de liquidez y una excesiva carga de la deuda.
En el caso del presupuesto, la Legislatura logró la aprobación preliminar del proyecto, aunque ambas cámaras aún tienen que ponerse de acuerdo en algunas temas introducidos durante los correspondientes debates legislativos.
Tienen de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio, ya que el 1 de julio comienza el nuevo ejercicio fiscal, cuando se aplicarán recortes en los gastos cercanos a los 675 millones de dólares.
También se aplicará una importante subida en la cantidad destinada al pago de las obligaciones derivadas de la ingente deuda de la isla, enterrada en el grado especulativo (bonos "basura" o "chatarra") por las agencias de calificación.
La idea es destinar al pago de deuda unos 1.500 millones de dólares del presupuesto, la cantidad más elevada de la historia de la isla.
"Ciertamente este es un presupuesto histórico, que por primera vez no recurre a financiación privada para poder ser balanceado y permitir la continuidad de las operaciones gubernamentales de Puerto Rico. Es un presupuesto balanceado, con el nivel de costos más bajo de los últimos 15 años", dijo al respecto el presidente de la Comisión de Hacienda, José Nadal Power.
Eso mismo se dijo hace un año del presupuesto que se aprobó para el año fiscal que está a punto de acabar, aunque finalmente no se pudo mantener y hubo que acudir varias veces al mercado de deuda, que exige intereses cada vez más altos.
Puerto Rico tiene que presentar un presupuesto creíble si quiere convencer a los mercados para que respalden una nueva emisión urgente de 1.200 millones de dólares en pagarés respaldados por futuros ingresos impositivos (conocidos en inglés como TRANs).
El Gobierno también se acerca a los mercados con una reforma tributaria ya aprobada que, aunque tras el debate parlamentario no es tan ambiciosa como quería el Gobierno, supone una subida de impuestos del 7 al 11,5 % sobre bienes y servicios, lo que se espera que ayude a recaudar unos 1.100 millones de dólares más.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, se encuentra precisamente hoy en Nueva York -donde también estuvo el miércoles el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla- para negociar con los bonistas.
A la espera de hacerse con liquidez, el Gobierno ha tenido que ralentizar las devoluciones de las declaraciones de hacienda del año pasado y el pago a proveedores, mientras tramita una ley para posponer ciertos pagos de deuda y trata de forzar a algunas de sus empresas públicas a que aporten fondos al BGF, el brazo financiero del Gobierno.
Esta entidad está prácticamente sin liquidez (778 millones de dólares al 31 de mayo) y el 1 de julio tendrá que hacer frente a pagos como el vencimiento de más de 1.000 millones de dólares en obligaciones generales de Estado y 415 millones en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Ese mismo día dejará su puesto el presidente de la Junta de Directores del BGF, David Chafey, quien ha presentado su renuncia por motivos "muy personales", para sumarse así a las dimisiones de gran parte de la dirección de la AEE.
La máxima responsable de la reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, estuvo hoy reunida con los bonistas de la empresa para tratar de renegociar el pago de la deuda y ganar tiempo en lo que se impulsa una transformación de la compañía, que podría incluir incluso su privatización.
También confirmó hoy su dimisión Giancarlo González, el principal oficial de informática del Gobierno, tras conocerse la decisión de cerrar su oficina y trasladar sus funciones al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Mientras, cada vez son más las voces que abogan por renegociar el pago de la deuda, algo que incluso algunos bonistas aseguran estar dispuestos a estudiar, aunque, según dijo esta semana el gobernador, las condiciones que ponen son "inadmisibles".