Madrid, 19 jun (.).- Varios gobiernos regionales han reaccionado con escepticismo ante el Plan de Resiliencia Autonómica activado este miércoles por el Ejecutivo, al considerar que plantea plazos de ejecución demasiado cortos y que se dirige a proyectos de excesiva envergadura económica, entre otras cuestiones.
En la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación celebrada este miércoles en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de los primeros 3.400 millones de euros del plan, destinado a proyectos públicos y privados de áreas como transporte sostenible o competitividad industrial.
El Fondo de Resiliencia Autonómica, previsto en la adenda del Plan de Recuperación, prevé canalizar hasta 20.000 millones de euros en préstamos para proyectos regionales a través del Grupo Banco Europeo de Inversiones -tanto el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)-, con el que se han suscrito los primeros acuerdos legales.
Los proyectos financiados con este fondo deberán estar ejecutados en agosto de 2026, lo que ha sido objeto de críticas generalizadas. "Es muy complicado que en dos años se contrate una obra y se ejecute", ha apuntado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
Según la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, "no hay plazo" para presentar nuevos proyectos a esta vía de financiación, y lo que se puede hacer es "utilizar los proyectos que ya estuvieran" en marcha si así puede mejorar sus condiciones financieras.
Otro aspecto comentado por varios dirigentes ha sido el hecho de que el fondo compute como deuda a las comunidades autónomas, lo que a juicio de la consejera madrileña implica que "no se va a poder ejecutar prácticamente nada".
"Venía con la esperanza de que el Gobierno de España trasladase un mensaje claro de apoyo a las comunidades autónomas (...) Las que, por el sistema de financiación autonómica que tenemos, estamos infrafinanciadas, tenemos un alto nivel de endeudamiento, y nuestra capacidad de decisión es prácticamente nula", ha lamentado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha coincidido en que el plan difícilmente será útil "si no dejan más margen de déficit", y ha añadido que no sabrá si constituye "una fuente interesante" de financiación hasta que no se detallen las condiciones que ofrece el BEI.
Por otro lado, los proyectos financiables con este fondo han de contar con una inversión mínima de 25 millones de euros, lo que, para algunas autonomías, no se ajusta a la realidad de su tejido empresarial. "Apalancar en empresas de Castilla-La Mancha 25 millones de euros de inversión no es fácil (...) se tienen que buscar fórmulas para flexibilizar estas cantidades para que la pequeña y la mediana empresa puedan acceder a este fondo", ha opinado Martínez Guijarro.
"Quizás en otros territorios sí que es fácil conseguir" esa inversión, pero en otros "puede entrañar cierta dificultad", ha expuesto la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, quien ha expresado su preocupación ante el "componente territorial" de este plan, pues teme que favorezca a regiones "que ya tienen un tejido empresarial e industrial consolidado".
En este sentido, se ha quejado de que no haya porcentajes de reparto ni topes por comunidades autónomas, aunque el Gobierno no ha cerrado la puerta a que asegure un mínimo a las regiones más pequeñas si es necesario. "Mucho me temo que esto ya esté todo vendido", ha dicho Manzano, quien ha exigido "justicia territorial a la hora de repartir estos recursos".
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