Buenos Aires, 14 mar (EFE).- El Gobierno argentino de Mauricio Macri pondrá por primera vez a prueba el poder negociador del oficialismo en el Parlamento al intentar habilitar este martes el debate en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley clave para poner fin a los litigios por bonos soberanos en cese de pagos.
El gobernante frente Cambiemos aseguró hoy contar con las adhesiones suficientes como para tener quórum y habilitar así la discusión en el pleno de la Cámara baja del proyecto.
Este permitirá al Ejecutivo saldar la deuda con fondos de inversión con una sentencia de pago a favor en tribunales de Nueva York y con otros acreedores que también reclaman cobrar por títulos en mora desde 2001.
Para habilitar el debate se requieren 129 diputados presentes, sobre un total de 257 bancas. Cambiemos cuenta con 89 legisladores propios, pero llegaría a 155 presentes con los 24 miembros del bloque del Frente Renovador, los 17 del bloque Justicialista y otros 25 diputados de diferentes bloques opositores.
En tanto, el kirchnerista Frente para la Victoria, el más numeroso de los bloques de oposición en Diputados, anticipó que no se prestará a dar quórum, aunque si el debate finalmente se inicia, es una incógnita si alguno de sus miembros votará a favor de la iniciativa del oficialismo.
Más clara resulta la negativa del Frente de Izquierda, que votará en contra y llamó a sus adherentes a manifestarse en repudio al proyecto en la tarde de este martes, a las puertas del Congreso.
También allí mismo y a la misma hora se concentrarán agrupaciones kirchneristas para protestar bajo la consigna de "patria o buitres".
"No tenemos mucho tiempo para perder. Lo que hay que hacer es terminar este tema de una vez. Necesitamos el compromiso de todos los legisladores que han expresado que hay que resolver esto y que lo podamos concretar en la sesión de mañana", dijo hoy el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, a radio La Red.
La iniciativa posibilitará al Gobierno pagar a aquellos acreedores que poseen títulos argentinos en mora desde finales de 2001 y que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Estos incluyen a poderosos fondos de inversión que litigan contra Argentina en tribunales de Nueva York desde hace una década, y que cuentan con una sentencia de pago a su favor, y a otros acreedores, como inversores individuales italianos, que no están alcanzados por ese proceso judicial.
En el proyecto se prevé además otorgar un permiso al Ejecutivo para que emita deuda por hasta 12.000 millones de dólares en los mercados internacionales, con plazos de vencimiento de hasta 15 años, a fin de aplicar los recursos que se obtengan al pago a los acreedores.
Entre los cambios incorporados al proyecto por pedido de la oposición está, limitar el permiso para emitir nueva deuda a que los fondos que se consigan se aplique solo al pago a los acreedores y no para otras necesidades financieras del Gobierno.
Algunos sectores de la oposición han expresado sus dudas respecto al futuro del acuerdo con los acreedores luego de que el viernes pasado la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejara en suspenso el levantamiento de las medidas cautelares que impiden a Argentina pagar a los bonistas que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Esas inquietudes llevaron a que representantes del Ministerio de Hacienda tuvieran hoy encuentros con sectores de la oposición.
El líder del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa, dijo que en esos diálogos el oficialismo accedió a introducir en el proyecto un inciso por el que se condiciona los acuerdos con los acreedores a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratifique el levantamiento de las medidas cautelares.
Massa dijo que esto dará a Argentina "la garantía de que después un fallo en una cámara no cambie todos los acuerdos" firmados por el país.
Dada la importancia del asunto, si se habilita el debate este martes, se prevé una discusión álgida, que podrá demorarse hasta veinte horas, según medios locales.
De aprobarse la iniciativa en la Cámara baja, el proyecto será girado para su tratamiento al Senado.
El objetivo del Gobierno es contar con la ley aprobada antes de abril, con la idea de salir a los mercados y cancelar la deuda con los acreedores antes del 14 de ese mes.