San Juan, 24 nov (EFE).- Las autoridades de Puerto Rico continúan con sus esfuerzos para lograr que Washington les permita acogerse a la Ley federal de Quiebras, lo que permitirá a sus corporaciones públicas declararse en bancarrota.
"En estos momentos Puerto Rico necesita todos los mecanismos necesarios para reestructurar la deuda", explicó hoy el director de la Administración de Asuntos Federales, Juan Hernández Mayoral, desde Washington.
Por ello, dijo en un comunicado, "la inclusión de Puerto Rico al régimen del Capítulo 9 (de la Ley de Quiebras) es trascendental" para este Estado Libre Asociado a EE.UU.
"No tener este mecanismo representa un camino largo, complicado y lento dentro del proceso de reestructuración", afirmó Hernández Mayoral, quien puso el ejemplo de lo compleja que ha sido la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la empresa pública que controla el mercado eléctrico en la isla.
El funcionario explicó que durante estos días ha intensificado sus reuniones en el Congreso para tratar de lograr apoyos, aunque reconoció que se ha "encontrado con una fuerte resistencia de los republicanos".
"La demora y falta de acción en el Congreso ha colocado al país (Puerto Rico) en una situación incómoda y peligrosa ante la latente posibilidad de un impago", apuntó remitiéndose a unas recientes declaraciones en ese mismo sentido de la propia presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de la isla, Melba Acosta.
Por ello, defendió que "necesitamos que el Congreso actúe para garantizar que podamos reestructurar la deuda de forma ordenada y expedita".
Estas negociaciones tienen lugar en paralelo a las que se mantienen con los principales titulares de los bonos de Puerto Rico, que acumula una deuda, "impagable en los términos actuales" según el Gobierno, de más de 72.000 millones de dólares.
El presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) y máximo representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, urgió hoy al Ejecutivo a llegar a un acuerdo que le permita cumplir con sus obligaciones como deudor bajo la Constitución y evite la imposición por parte del Gobierno federal de "soluciones que no contribuyan al bienestar del pueblo".
"Informes en la prensa indican que existe la voluntad entre los principales acreedores de buscar soluciones que no violen nuestra Constitución y que al mismo tiempo protejan los mejores intereses de nuestro pueblo, asegurando que Puerto Rico pueda moverse adelante con la comunidad inversora como socios de nuestro desarrollo futuro y no como adversarios", afirmó.
En su opinión, esto "ofrece una esperanza" de acuerdo que evite la intervención del Congreso federal con "soluciones adversas como la tan comentada Junta de Control Fiscal federal (propuesta por el Gobierno de Puerto Rico), que solo exacerbaría la naturaleza colonial de la relación que hemos tenido que sufrir por más de un siglo".
"Cualquier persona en posición de liderazgo que promueva o apoye la creación de una Junta de Control Fiscal federal acepta su fracaso como líder y se inhabilita para llevar las riendas de nuestro Gobierno", apostilló para criticar al actual Gobierno encabezado por Alejandro García Padilla.