Ruth del Moral
Madrid, 11 oct (.).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han conseguido cerrar en dos meses un acuerdo presupuestario que supondrá un mayor gasto público y más recaudación con el fin de revertir las políticas del anterior Gobierno del PP.
Gravar a las grandes rentas, hacer que la banca pague más para aumentar el gasto en dependencia, educación o sanidad pública han sido las claves de estas negociaciones.
Y es que aprobada la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, Pedro Sánchez centró su objetivo en ganarse los 67 diputados de Podemos para acordar unos Presupuestos para 2019 expansivos y sociales.
El pistoletazo de salida lo dieron Sánchez e Iglesias el 22 de agosto cuando acordaron por teléfono unirse para cambiar la Ley de Estabilidad con el fin de levantar el veto que el Senado pone actualmente a la senda de déficit público al evitar que pueda volver a votarse en el Congreso.
Ambos dirigentes avanzaron ya un principio de acuerdo para eliminar el copago farmacéutico, actualizar las pensiones al IPC y bajar el IVA de los productos de primera necesidad.
Temas fundamentales para Podemos y para el PSOE tras la presión de los pensionistas en las calles y las grandes marchas del ocho de marzo en favor de la igualdad.
Con el reinicio del curso político se crearon diferentes mesas de negociación con Podemos, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entró en escena de forma intensa.
La fiscalidad ha pilotado este pacto y el equipo de Montero junto con el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y sus responsables económicos, con Nacho Álvarez a la cabeza, han trabajado codo con codo para subir impuestos a las clases altas, gravar a las grandes empresas, a la banca y a los grandes patrimonios así como para luchar contra el fraude.
Un triunfo que se arrogan unos y otros y que Podemos califica como histórico al afirmar: "Con la misma ilusión y esperanza que el primer día, pero con más experiencia, gritamos de nuevo: Sí se puede"; al tiempo que Sánchez ha tuiteado: "Situar a las personas en el centro de la política. Este es el objetivo compartido que materializamos".
Las negociaciones que comenzaron en agosto se intensificaron este jueves de forma trepidante con reuniones ministeriales por la mañana, durante el Pleno del Congreso, y por la tarde.
Solo faltaba que lo ratificaran Sánchez e Iglesias en persona y cerraran algunos flecos en Moncloa, como así fue en una reunión que ambos celebraron a última hora de forma discreta.
No obstante, aunque el ambiente negociador siempre ha sido bueno y optimista, Podemos tensó la cuerda en el último momento al poner "líneas moradas" en determinados temas como la vivienda o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
De hecho, en estos puntos ha habido cesiones por las dos partes, ni los 1.000 euros que pedía Podemos ni los 850 por los que abogaba el Ejecutivo, al final se ha quedado en los 900 euros.
También hubo cierta tensión en torno al nivel de renta que debía vincularse a una nueva subida del IRPF, que finalmente se ha fijado en los que ganan más de 130.000 euros anuales.
La formación morada ha conseguido que la banca pague más en el impuesto de sociedades, hasta un 18 % en el tipo mínimo, a cambio de aparcar un impuesto específico para este sector y conseguir que el de transacciones financieras suba al 0,2 % para la compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones.
Desde el 15 de agosto los dirigentes de Podemos intercambiaron documentos y borradores con Hacienda para poder cerrar el acuerdo que será remitido a Bruselas como las líneas generales de unas cuentas que aún necesitan para ser aprobadas el apoyo de ERC, PNV y PDeCAT, los partidos que apoyaron la moción de censura contra Rajoy.
El Gobierno insiste en cumplir con su calendario de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos a finales de noviembre, confeccionado con la senda de déficit del PP que da menos margen de gasto, pero con la confianza de que durante la tramitación de las cuentas en el Parlamento se apruebe la proposición de ley que reformaría la Ley de Estabilidad y permitiría unos objetivos más flexibles.