Madrid, 29 jul (.).- El Ministerio para la Transición Ecológica ha otorgado la autorización administrativa de construcción a 283 proyectos de energías renovables que debían obtenerla antes del pasado jueves, unas iniciativas que suman en torno a 28 gigavatios (GW) y cuya ejecución requerirá una inversión total superior a 17.000 millones de euros.
De esta forma, se podrá construir un 66 % de los proyectos que iniciaron la tramitación, según ha explicado este lunes en una nota de prensa el departamento que dirige Teresa Ribera, que aclara que el 90 % de la potencia autorizada corresponde a instalaciones solares fotovoltaicas y el resto, mayoritariamente eólicas.
A tenor de los datos del Ministerio, un total de 428 proyectos de generación renovable habían iniciado la tramitación con la intención de obtener la autorización administrativa de construcción.
Sin embargo, sólo 321 obtuvieron la declaración de impacto ambiental favorable, y en un 70 % de los casos, con condiciones de obligado cumplimiento para poder materializarse.
De los 283 proyectos autorizados, 43 son eólicos, con una potencia asociada de 2.680 megavatios (MW), mientras que 239 son fotovoltaicos (24.870 MW). A ellos se añade una central hidroeléctrica de bombeo de 573 MW.
El Ministerio ha otorgado las autorizaciones administrativas de construcción en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de los permisos, licencias y otros vistos buenos de las administraciones públicas, como pueda ser la licencia urbanística.
Todos estos proyectos pueden empezar a construirse de forma inmediata y deben entrar en servicio en el plazo de tres años, con lo que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).
El borrador de actualización 2023-2030 del Pniec plantea triplicar la potencia fotovoltaica instalada en la actualidad, a más de 76 GW, y duplicar la eólica para superar los 62 GW, a fin de cubrir un 81 % de la electricidad con energía limpia al final de la década.
Con una estimación conservadora, la construcción de las instalaciones requerirá una inversión total superior a los 17.000 millones de euros y generará unos 300.000 puestos de trabajo –más de 41.000 empleos asociados a la eólica y más de 260.000, a la fotovoltaica–, con especial incidencia en áreas rurales.
Los tiempos de concesión vienen marcados por el real decreto-ley , a tenor del cual los proyectos con derecho de acceso y conexión recibidos entre el 31 de diciembre de 2017 y el 25 de julio de 2020 –fecha de aprobación de dicha norma– debían obtener la autorización administrativa de construcción antes del pasado jueves.
El documento establecía plazos temporales para que los proyectos de generación de electricidad cumpliesen determinados hitos de tramitación desde que recibieron los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas, so pena de perder dichos derechos.
Las tramitaciones de las iniciativas con más de 50 MW o ubicados en más de una comunidad autónoma son competencia de Transición Ecológica, mientras que los demás son responsabilidad de las comunidades autónomas.