Óscar Tomasi
Lisboa, 17 sep (EFE).- En el origen del derrumbe del emporio empresarial de los Espírito Santo se encuentran irregularidades cuyas consecuencias van más allá de las pérdidas económicas y alcanzan el ámbito judicial, donde amenaza con convertirse en un caso de múltiples ramificaciones y enorme envergadura.
Dada la magnitud del dossier, con conexiones a nivel internacional -desde Luxemburgo hasta Panamá, pasando por Suiza-, la Fiscalía lusa confirmó a EFE la creación de un "equipo de agentes del Departamento Central de Investigación y Acción Penal" dedicados en exclusiva a esclarecer "los procesos relacionados con el universo de los Espírito Santo".
"Este equipo podrá integrar personal de otras jurisdicciones y otros departamentos en caso de que sea necesario (...) Recibirá la ayuda de la Policía Judicial y de la Autoridad Tributaria, y podrá recurrir si lo precisa a órganos de policía criminal", detallaron estas mismas fuentes.
Los agentes del Ministerio Público "también trabajan en estrecha colaboración con los reguladores, tanto el Banco de Portugal como la Comisión del Mercado de Valores", con el objetivo de aclarar las diferentes fraudes, aunque de momento esta información "permanece bajo secreto de sumario".
Dada la falta de transparencia en las cuentas del grupo y su impacto en el balance del Banco Espírito Santo, ¿hasta qué punto tenían toda la información necesaria sobre el BES los participantes en sus últimas operaciones de ampliación de capital?. ¿Y las empresas que invirtieron en deuda emitida por empresas del Grupo?. ¿Fue utilizado el BES para lavar dinero en centros off-shore?
Ésos son algunos de los interrogantes a los que deben responder los fiscales, cuyo trabajo ya está en marcha y pasa ahora por dilucidar si existió delito en la ampliación de capital realizada por el BES el pasado 15 de mayo.
Por aquel entonces, pocos podían aventurar el colapso que sufriría el grupo apenas dos meses después y que terminó por arrastrar también a la entidad financiera, finalmente intervenida por el Banco de Portugal y dividida en dos: el Novo Banco, creado con los activos saludables, y el BES, con los activos tóxicos.
La intervención del regulador deja a los accionistas con la parte del BES considerada tóxica, por lo que serán únicamente ellos los que deban asumir las previsibles pérdidas.
Pequeños accionistas afectados ya se han agrupado y pretenden denunciar tanto a los responsables del BES como al propio banco central luso.
En Portugal se especula igualmente con las consecuencias legales de una operación acordada con Petróleos de Venezuela el pasado junio en un intento desesperado -y a la postre, infructuoso- de impedir la hecatombe a espaldas de auditores, accionistas y reguladores.
Administradores del BES firmaron dos garantías a nombre de la entidad para garantizar a Venezuela su inversión de 300 millones de euros en deuda emitida por sociedades del Grupo Espírito Santo, lo que puede suponer un agravio comparativo con otras compañías que también suscribieron esos títulos, como Portugal Telecom.
También se analizará la información facilitada a los clientes que decidieron optar por varios fondos de inversión lanzados por la entidad que acabaron sirviendo para financiar a empresas del emporio empresarial cuando éstas ya se encontraban al borde de la quiebra.
El maquillaje de las cuentas en el caso del BES y la opacidad en torno a las sociedades de dentro del grupo -algunas no se sometían a auditorías de forma regular- quedaron en evidencia en cuestión de semanas y pusieron en duda la labor de los supervisores, objeto de duras críticas en Portugal.
De hecho, en una entrevista al semanario luso "Expresso", el director de la firma de auditoría KPMG en Portugal aseguró que ya advirtieron en 2011 y 2012 de los riesgos que entrañaban algunos de los fondos de inversión comercializados por el BES, aunque los reguladores no empezaron a actuar hasta 2013.
También destacó la presencia del mismo "núcleo duro" a la cabeza del banco y en el liderazgo del grupo, una promiscuidad peligrosa y que se prolongó durante años.
La cara visible durante la última década de la dinastía fue la de Ricardo Salgado, presidente del BES y a la vez representante de una de las cinco facciones familiares que controlaban todo el grupo.
También él, a título personal, se enfrenta a problemas con la Justicia por su presunta participación en el mayor caso de fraude fiscal y blanqueo de capital de la historia de Portugal.