MADRID (Reuters) - El juez que investiga una supuesta trama de corrupción del Partido Popular de Valencia ofreció el lunes a la senadora Rita Barberá la opción de declarar voluntariamente en su juzgado antes elevar el caso al Tribunal Supremo, único con competencias para investigarla en su condición de aforada.
El magistrado pidió además al PP que designe a un representante para que declare en condición de investigado por un presunto blanqueo de capitales en una pieza separada del caso, y citó de nuevo a cuatro investigados por su proximidad al dinero de origen supuestamente ilícito.
La oferta de declarar a Barberá, realizada por el instructor del denominado caso "Imelsa", también se extiende a Miquel Domínguez Pérez, diputado de las Cortes Valencianas, a quien sólo le puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
"(La oferta se hace) para que puedan dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación que aparentemente les implica", dijo el juez en el auto conocido el lunes.
Según el Ministerio Público, "existen indicios suficientes de la participación" de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas -concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia- y por el que el instructor ha imputado también al PP.
Esta opción de declaración voluntaria a Barberá y Domínguez, a la que deberán responder en 20 días, se basa en la doctrina del Supremo de 2012 que establece que han de agotarse todos los trámites posibles y necesarios antes de elevar una causa al alto tribunal.
AMAÑOS EN CONTRATOS PÚBLICOS
El juzgado investiga supuestos amaños en contratos en las administraciones públicas valencianas. La última operación dentro del marco de esta investigación se saldó con decenas de detenidos, entre ellos el expresidente provincial del PP, Alfonso Rus, mientras que la sede del grupo municipal del partido en Valencia fue registrada.
Barberá ya defendió el mes pasado su inocencia en la única comparecencia pública que ha hecho desde que saltó el escándalo, en una rueda de prensa donde aseguró que las acusaciones era "infundadas, maliciosas y profundamente falsas".
La senadora recibió en aquel momento el apoyo del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien rechazó pedir su dimisión y pidió paciencia para ver si era acusada. Sin embargo, su situación ha provocado divisiones internas en su partido, como la propia Barberá reconoció.
El Partido Popular ha visto como en los dos últimos meses se han producido registros tanto en su sede regional de Valencia como en la de Madrid.
Los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto han castigado al partido en las urnas, tanto a nivel regional como nacional. En las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, perdió la mayoría absoluta que ostentaba y, aunque fue el partido más votado, tiene casi imposible conseguir pactar con otros partidos para volver a formar gobierno.