Mar Gonzalo
San Juan, 10 jun (EFE).- El fantasma de un inminente cierre gubernamental vuelve a cernirse sobre Puerto Rico, tras la propuesta de un proyecto de Ley que prepara el terreno para que el brazo financiero del Gobierno tome decisiones extremas en caso de falta de fondos.
Analistas y políticos se preguntaban hoy sobre la verdadera intención del Proyecto del Senado 1350 presentado por el Gobierno local y que finalmente fue aprobado en el Senado con tantas modificaciones que perdió parte de su esencia.
Según la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, el proyecto para enmendar la ley que regula la actividad de esta entidad (el brazo financiero del Gobierno) buscaba, entre otros objetivos, "disponer un procedimiento similar al de la banca privada para trabajar con los fondos no reclamados en posesión del banco".
Esta medida sí se ha aprobado, pero no la que trataba de incluir a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios entre las entidades que deben destinar fondos al BGF, tal y como hace la mayoría de las entidades públicas.
Tampoco se aprobó la medida que buscaba dar al BGF "herramientas para llevar a cabo sus funciones como agente fiscal del Estado Libre Asociado", entre ellas "autorizar al Gobernador a nombrar 'emergency managers' para corporaciones públicas con problemas fiscales".
Sí se logró eliminar la disposición que establece como delito grave punible con hasta tres años de cárcel "aceptar depósitos luego de que se declare la insolvencia del Banco".
También se consiguió "incluir una inmunidad e indemnización sobre demandas civiles a los miembros de la Junta de Directores, oficiales y empleados del BGF, salvo que actuaran con negligencia crasa que conlleve indiferencia temeraria hacia sus deberes".
Todas estas disposiciones han reavivado las sospechas de que el Gobierno podría estar allanando el terreno para declarar insolvente a su brazo financiero a partir de que el próximo 1 de julio comience el próximo ejercicio fiscal y se vea sin fondos para pagar nóminas de empleados públicos y atender las obligaciones de la deuda.
En ese sentido, el expresidente de los alcaldes del gobernante Partido Popular Democrático Josean Santiago emplazó hoy en la prensa local al gobernador Alejandro García Padilla a que "hable con claridad al pueblo sobre la crisis y cierre de Gobierno que posiblemente" están "próximos a enfrentar, para que este se prepare tal como lo hacen con un huracán".
Señaló también que el Gobierno está "al borde del colapso" y que "probablemente tendrá que cerrar operaciones en muy poco tiempo".
"De lo que se habla es de un colapso total. Es la incapacidad del Gobierno para financiar su gestión diaria, su trabajo cotidiano. Son los servicios de día a día los que se van a ver afectados, el pago de nómina de los empleados públicos", afirmó Santiago en el diario Primera Hora.
Asimismo, se refirió al hecho de que la Hacienda puertorriqueña haya tenido que detener la devolución de los reintegros de las declaraciones de impuestos por falta de fondos.
Igualmente, el economista Lerroy López advirtió que si no se logran más ingresos públicos, "se tendrá que dejar de pagar" la deuda y es probable que se produzcan "reducciones en horarios de empleados públicos y en gastos, y despidos".
Puerto Rico acumula ya casi una década de retroceso económico y una deuda 72.000 millones de dólares catalogada de bonos basura (lo que implica elevados tipos de interés).
El propio secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Alberto Bacó, abogó esta semana ante la Cámara de Representantes por renegociar la deuda pública. "No podemos seguir cargando unas obligaciones que van a seguir creciendo como una bola de nieve cuando hay maneras de manejarlas", dijo.
Por su parte, la presidenta del BGF insistió hoy en que no se están alistando para el cierre, sino para "hacer todo lo posible para seguir adelante, operando, para mejorar las prácticas y la liquidez".
En una entrevista radiofónica con WKAQ 580 explicó que estos días está en Nueva York reuniéndose con abogados, banqueros y expertos para discutir las medidas que el Gobierno tomará para poder continuar con sus operaciones.
Mientras, se ha publicado que el Tesoro de EE.UU. contrató a un especialista en banca de inversión para reforzar el equipo que asesora al Gobierno local para reducir el déficit, aunque ya ha dicho en varias ocasiones que no tiene intención alguna de acudir al rescate con fondos adicionales.