San Juan, 4 dic (EFE).- Walmart (N:WMT), la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo, demandó hoy al secretario de Hacienda de Puerto Rico, Juan Zaragoza, por haber elevado el impuesto que grava las compras entre las compañías matrices y sus filiales en la isla.
La empresa alega que la conocida como Ley 72 viola la cláusula de comercio entre estados y otras leyes, y advierte que con el actual impuesto tendría muy difícil mantener sus operaciones en la isla.
La demanda de la compañía, de 36 páginas, apunta que la normativa aumenta el impuesto a pagar entre las empresas por compras realizadas fuera de Puerto Rico del 2 % al 6,5 %, lo que Walmart entiende es el tributo más alto a pagar en cualquier parte del mundo.
La compañía señala que la Ley 72 está concebida específicamente para gravar sus operaciones en Puerto Rico y que es un golpe difícil de encajar para la que está considerada la mayor empleadora privada en la isla caribeña.
La empresa mantiene que es consciente de los problemas económicos por los que atraviesa Puerto Rico, pero que Walmart es "parte de la solución" para contribuir a mejorar los problemas de liquidez del Gobierno, cuyas corporaciones arrastran una deuda de más de 72.000 millones de dólares.
Las grandes superficies comerciales ya habían advertido al Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla de su oposición a la ley y de que su entrada en vigor pondría en peligro el mantenimiento de sus operaciones.
García Padilla firmó la ley el pasado mayo en un intento de aumentar la recaudación y poder hacer frente a los vencimientos de deuda más inmediatos de las corporaciones de Puerto Rico, dada la falta de liquidez.
Walmart Puerto Rico cuenta con 55 establecimientos repartidos por la isla caribeña y emplea a cerca de 15.000 trabajadores.
La multinacional opera en Puerto Rico con las marcas Walmart Supercenters, Walmart, Sam's Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo.
Además, contribuye anualmente con cerca de 100 millones de dólares al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y realiza compras a proveedores locales por un valor de 1.600 millones de dólares.