Rodrigo García
Buenos Aires, 21 may (.).- Argentina decidió alargar diez días más las negociaciones con poderosos fondos de inversión para llegar a un acuerdo que permita reestructurar 66.238 millones de dólares de su deuda externa, en un momento clave para el país por la recesión que arrastra desde 2018 y la amenaza de caer en un nuevo cese de pagos.
En una resolución oficial emitida por el Ministerio de Economía, el Gobierno argentino anunció que extendió el plazo desde este viernes y hasta el 2 de junio para continuar las conversaciones con los tenedores de diversos bonos emitidos bajo ley extranjera, "salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada".
Esta no es la primera prórroga dispuesta para llegar a buen término. En un principio, el Ejecutivo del presidente Alberto Fernández, que llegó al poder a finales del año pasado, fijó el 8 de mayo como fecha límite para que los bonistas decidieran adherirse a la oferta de canje lanzada por el Gobierno, pero el plazo fue alargado al 22 de mayo por el poco éxito que cosechó esa propuesta.
"Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa", expresa el texto difundido por la cartera de Economía.
En esa resolución, se advierte de que el país cree "firmemente" que un final satisfactorio contribuirá a estabilizar la condición económica actual, aliviando las "restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía" devenidas de la actual carga de deuda, con la vista puesta en "reencauzar la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo".
¿UN NUEVO CESE DE PAGOS?
Este viernes era también un día clave por otra razón. El vencimiento del periodo de gracia de 30 días al que se acogió Argentina tras no pagar en abril 503 millones de dólares de intereses de tres títulos incluidos en su actual propuesta de reestructuración.
Fuentes gubernamentales dijeron a Efe que "no es correcto hablar de default (cese de pagos) en sentido clásico" por no pagar ese monto, ya que se da en un "impás" a la espera de la "madurez de las negociaciones".
Con la crisis de 2001 en la memoria, año en que el país entró en el mayor cese de pagos de la historia hasta ese momento, y del que no salió por completo hasta 2016, Argentina busca ahora evitar caer en un nuevo 'default' que dificulte más aún sus ya complicados pronósticos.
El miércoles se conoció que la actividad económica argentina, tras dos años en recesión, se hundió un 11,5 % interanual en marzo, afectada ya por las medidas de aislamiento obligatorio que ese mes decretó el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus.
VOLUNTAD DE PAGAR
Fernández, en multitud de apariciones públicas desde que ganó en las urnas a su antecesor, Mauricio Macri, a quien acusa de haber endeudado altamente a Argentina, ha insistido en que la voluntad es pagar la deuda, pero cuando la economía vuelva a crecer, para no tener que realizar ajustes en un país que ya cuenta con un tercio de su población en la pobreza.
Esta misma tarde, el propio gobernante ironizó al considerar que la economía que recibió al llegar a la Presidencia ya estaba en cese de pagos.
"Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default”, afirmó en declaraciones en la provincia norteña de Santiago del Estero.
Posteriormente, en una visita a la cercana Tucumán, agregó que el Gobierno ha hecho una oferta a los acreedores "con mucha sensatez y rigor", tratando de garantizar que los nuevos compromisos asumidos pueden ser cumplidos.
UNA PROPUESTA SIN APOYOS
El 17 de abril pasado, Argentina lanzó oficialmente su propuesta, consistente en canjear bonos emitidos entre 2005 y 2016 por otros títulos nuevos con vencimiento entre 2030 y 2047, con el fin de reestructurar 66.238 millones de dólares de deuda, solo una quinta parte de los 323.192,6 millones de dólares totales que debe el país.
Entre los puntos clave se establece que Argentina empezaría a pagar la deuda a reestructurar en 2023, con una quita del 5,4 % sobre el capital adeudado (3.600 millones de dólares) y una reducción de intereses del 62 %, equivalente a 37.900 millones.
Sin embargo, diversos grupos de acreedores rechazaron la propuesta, y posteriormente el Gobierno recibió tres contraofertas, que siguen sobre la mesa de negociación.
“Somos flexibles, si hay ideas diferentes que sean consistentes y busquen recuperar la sostenibilidad (de la deuda), estamos dispuestos a escucharlas”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones difundidas esta semana por su cartera.
En las negociaciones, Argentina cuenta con palabras de aliento del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que en 2018 aprobó un rescate de 56.300 millones de dólares para el país, de los que hasta ahora se han desembolsado alrededor de 44.000 millones.
Gerry Rice, portavoz del FMI, se mostró este jueves "animado por la voluntad" del Gobierno y los acreedores privados de llegar a un acuerdo.
Si bien matizó que no quería "especular sobre el resultado" de la negociación, el funcionario reiteró el optimismo de que Argentina y los acreedores puedan "encontrar un acuerdo para sentar las bases de una senda sostenible para que la economía argentina avance".